Venezuela en la mira tras convertirse en la testaferro de Irán
La decisión el pasado mayo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar sin efecto el acuerdo por el cual Irán se comprometía a abandonar su programa nuclear a cambio del levantamiento de duras sanciones económicas y diplomáticas, ha provocado no pocas críticas entre los aliados del pacto. Sin embargo, la decisión allana el camino para que los organismos federales estadounidenses, además de imponer nuevas y más fuertes sanciones a la nación persa, amplíen las investigaciones sobre las conexiones de Irán con las economías latinoamericanas y en particular la de Venezuela, establecidas para evadir los controles, lavar capitales y avanzar en su carrera armamentística.
Por: Fiorella Perfetto (Mayo, 2018)
“Al salir del acuerdo con Irán, trabajaremos con nuestros aliados para encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza iraní. Tenemos un interés compartido con nuestros aliados en Europa y en todo el mundo para evitar que Irán desarrolle alguna vez un arma nuclear. Pero nuestro esfuerzo es más amplio que solo la amenaza nuclear y trabajaremos junto con nuestros socios para eliminar la amenaza del programa de misiles balísticos de Irán, detener sus actividades terroristas en todo el mundo y para bloquear su actividad amenazante en Medio Oriente y más allá. A medida que desarrollemos este esfuerzo global, las sanciones entrarán en pleno vigor y recordarán al régimen iraní el aislamiento diplomático y económico que resulta de su actividad imprudente y maligna”.
Trump cumplió con sus electores. La promesa que en medio de debates televisados hiciera durante su campaña a la presidencia se hizo buena el pasado 8 de mayo, luego de que Mike Pompeo, el actual jefe del Departamento de Estado, anunciara en un corto pero contundente comunicado de prensa que su país abandonaba el acuerdo conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor hace dos años, por el cual Irán detendría su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas por la nación estadounidense.
La medida tocará directamente intereses venezolanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los organismos federales ampliarán el alcance de las sanciones, además de profundizar las investigaciones en proceso por casos de corrupción y lavado de capitales, una vez estas entren en vigencia contra la ya frágil economía del país árabe.
El sotto voce de la decisión
Medios estadounidenses han estado muy ocupados desde que Trump llegó al poder. No sólo los constantes movimientos de gabinete, las amenazas a la prensa o la anulación de políticas emblemáticas de la anterior gestión de Barack Obama, sino que además ha abierto varios frentes de guerra en pro de “hacer América grande de nuevo”.
La salida de Estados Unidos del acuerdo es una decisión anunciada desde principios de año, cuando Trump exigió a los firmantes del acuerdo evaluar las condiciones del mismo, por cuanto Irán estaría avanzando en el desarrollo de armas nucleares, boyante de recursos económicos por el levantamiento de las sanciones y sin el control de los organismos internacionales a sus instalaciones militares, en especial, aquellas en las que ocultaría misiles con ojivas nucleares de los cuales nada se dice en el acuerdo.
Luego llegaron novedades desde Israel. El pasado 30 de abril, el primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en la que presentó presuntas pruebas de que Irán ha seguido avanzando en su programa nuclear. Pompeo no respondió si este material probaba violaciones al acuerdo por parte de Irán, pero de lo que sí estaba seguro era de que la información evidencia que los líderes iraníes mintieron sobre el programa de armas nucleares conocido como “Proyecto Amad”.
En esta vorágine noticiosa se conoció además que John Kerry, el otrora jefe del Departamento de Estado durante la administración Obama, se habría reunido con el canciller iraní, Mohamed Javad Zarif, para tratar de salvar el acuerdo, en medio de las advertencias de Trump de cumplir su promesa electoral y separar a Estados Unidos del convenio.
“No vemos a Estados Unidos como solo la actual administración gobernante; hay muchas figuras que tienen puntos de vista diferentes sobre asuntos internacionales y regionales”, dijo el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Bahram Qassemi. Agregó que Kerry estaba bien informado sobre los problemas y, aunque ya no estaba en el Gobierno, era una figura influyente.
Trump plasmó su ira en un tuit que colgó en la red social: “John Kerry no puede olvidar el hecho de que tuvo su oportunidad y lo arruinó. Aléjese de las negociaciones John, ¡estás lastimando a tu país!”.
Lo siguiente fue el anuncio hecho por el Presidente: Estados Unidos ahora está fuera del acuerdo y ejercerá con dureza todas las medidas económicas que sean necesarias. “Aplicaremos las sanciones económicas de mayor nivel; cualquier país que apoye a Irán en su búsqueda de armas nucleares podrá ser también sancionado por Estados Unidos”. El resto de los firmantes del acuerdo — Francia, Reino Unido, Rusia, China, más Alemania, conocido como el Grupo 5+1 — no secundaron la decisión, por el contrario, algunos socios elevaron el tono del reclamo.
Así, roces diplomáticos por la decisión asomaron desde Europa. El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, condenó que Estados Unidos vuelva a imponer sanciones contra las compañías extranjeras que comercian con Irán y calificó la medida como “inaceptable” en comentarios que ponen de manifiesto la profundización de la disputa entre Washington y sus aliados europeos.
El pronunciamiento de Francia tiene un trasfondo. El gigante francés de petróleo y gas, Total, tiene en el país persa un proyecto multimillonario que deberá cancelar, a menos que las autoridades estadounidenses le otorguen una exención. El grupo dijo en un comunicado que “no puede permitirse el lujo de estar expuesto a ninguna sanción secundaria”, incluida la pérdida de financiación por parte de los bancos de Estados Unidos.
Entretanto, un histórico aliado de Estados Unidos envió un claro mensaje. El consorcio británico Pergas y la Compañía Estatal Petrolera Iraní del Sur firmaron un acuerdo preliminar para una sociedad, en presencia del embajador británico en Teherán el pasado miércoles 16 de mayo, un proyecto que implicaría la inversión de un billón de dólares para producir 200.000 barriles de petróleo crudo por día durante la próxima década en el campo petrolero Karanj. Ese mismo día, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que es posible que Estados Unidos imponga sanciones a las compañías europeas que continúen haciendo negocios con Irán.
Ciertamente, se trata de una tensión sin precedentes en la alianza de posguerra entre las democracias de Estados Unidos y Europa occidental.
El jueves 17 de mayo, la Unión Europea decidió activar su estatuto de bloqueo en respuesta a la re-imposición de Trump de sanciones a Irán, además de escucharse de fuentes diplomáticas europeas que se estaría manejando la posibilidad de tranzar el petróleo iraní en euros, lo cual requiere adoptar medidas para ajustar este cambio. Irán exporta cerca de 450.000 barriles de petróleo por día al viejo continente y cerca de dos millones de barriles hacia China y el continente asiático.
Lo que sabemos sobre estas sanciones
Si la forma como se han desarrollado los acontecimientos no deja de ser escandalosa, lo que sobrevendrá tras la salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán, promete. Las políticas sancionatorias impuestas desde que en 1979 estudiantes iraníes irrumpieron en la embajada estadounidense y mantuvieran como rehenes a los diplomáticos de ese país han ido in crescendodesde entonces.
Por ejemplo, en 1995, el presidente Bill Clinton apuntó directo al corazón de la economía de Irán al prohibir a las sedientas compañías energéticas de Estados Unidos invertir en la industria petrolera de este país. En 2007 fueron tres entidades bancarias iraníes las primeras en sumarse a la larga lista de empresas e individuos sancionados, mientras que en 2010 el Congreso estadounidense aprobó otra batería de decretos a empresas que abastecieran con productos refinados por un valor de más de cinco millones de dólares anuales a Irán y prohibió a los bancos extranjeros que mantuvieran negocios con los persas, operar dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
A estas medidas, se suman aquellas impuestas desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras naciones como Canadá o Gran Bretaña, todas con el propósito de establecer un freno financiero a la carrera armamentística iraní y su programa de enriquecimiento de uranio.
Aun cuando se dará un plazo de 90 a 180 días para el proceso de “liquidación” de convenios o negocios con Irán para luego implantar las medidas sancionatorias, la advertencia del presidente Donald Trump, no deja mucho a la imaginación:
“Irán ha financiado su propio caos con la riqueza de su pueblo. Se suponía que el acuerdo protegiera a Estados Unidos y sus aliados de la locura del régimen iraní, pero esto le permitió seguir enriqueciendo uranio, se levantaron las sanciones y no se estableció ningún límite. Este régimen terrorista fue favorecido por el acuerdo, tienen almacenamiento nuclear y ha buscado conseguir armas de este tipo. Irán ha utilizado las nuevas finanzas para apoyar el caos en el oriente medio. Sus ambiciones sangrientas han crecido. Impondremos las sanciones de mayor nivel contra Irán”
Venezuela, a pagar las consecuencias por alianza chavista con Irán
Tras el arribo de Mahmoud Ahmadinejad a la presidencia de la nación persa en 2005, el Gobierno venezolano, de la mano del fallecido presidente Hugo Chávez, estrechó los vínculos entre ambos países y sumó el apoyo de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, identificados ideológicamente con el proyecto socialista venezolano.
Más de 250 acuerdos entre las naciones se firmaron para 2011: la concesión de una mina de oro en el estado Bolívar, zona profusa en otros materiales como uranio; una empresa mixta conformada entre la estatal venezolana Pdvsa y su par Petropars llamada Venirog, con el objeto de certificar las reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco; la fábrica de automóviles iraníes “Veniauto”, una fábrica de tractores, la creación de un banco con capital mixto, como también la constitución en territorio venezolano del Banco Internacional de Desarrollo de capital enteramente iraní, un fondo de inversión binacional, una fábrica de cemento en el estado Monagas, convenios para la construcción de viviendas y hasta un puente aéreo Caracas — Teherán. Poco o nada se conoce sobre el estatus de la mayoría de estos acuerdos.
Ese mismo año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos disparó un primer misil a la línea de flotación de la economía venezolana y sancionó a Pdvsa por pactar negocios con Irán. Junto a la estatal petrolera venezolana, otras seis empresas entraron en la lista negra el 24 de mayo de 2011 “por apoyar el sector energético iraní”, al despachar al menos dos cargamentos de un compuesto destinado a mejorar la calidad de la gasolina, además del acuerdo suscrito por el entonces presidente Chávez de exportar 20.000 barriles diarios de gasolina a los persas.
Más allá de retar a Washington, estas relaciones han servido a Irán para evadir las sanciones vigentes hasta 2016, año en que entró en vigor el acuerdo con Estados Unidos y las medidas quedaron sin efecto. Pero antes de esta fecha, se tejió una madeja que toca directamente la economía venezolana conformada por empresas iraníes que presuntamente sirvieron de puente para lavar capitales y así permitir a Irán obtener recursos económicos e incluso avanzar en su carrera armamentística nuclear. Estados Unidos lo sabe y desde al menos 2012 investiga estas conexiones que “tendrán mayor alcance y consecuencias” después de la salida abandonar el acuerdo con Irán, comentó una fuente experta en el tema.
Así fue como la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina local del FBI anunciaron en marzo pasado la detención de Ali Sadr Hashemi Nejad, ciudadano iraní que habría participado en un plan “para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán y cometer lavado de dinero y fraude bancario”. El esquema usó la construcción de un complejo habitacional en Venezuela que generó pagos por unos 115 millones de dólares “que fueron canalizados ilegalmente a través del sistema financiero de los Estados Unidos en beneficio de individuos y entidades iraníes” y así evadir las sanciones impuestas por este país a la nación árabe.
Los investigadores federales estuvieron siguiéndole los pasos a este individuo desde el año 2013. Reseña la nota del organismo federal que el esquema criminal se inició en 2004, cuando los gobiernos de Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos sellaron el pacto con un Memorando de Entendimiento relativo a un proyecto de infraestructura en Venezuela, que involucraría la construcción de miles de unidades de vivienda en Venezuela.
El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Ali Sadr y su familia, con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación de Vivienda Internacional Iraní. Este consorcio fue el responsable de la construcción del proyecto.
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El venezolano Martin Rodil, quien trabajara con Roger Noriega, exrepresentante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y además exasesor del secretario de Estado para temas de América Latina, conoce con detalle el tema sobre la penetración iraní en Latinoamérica.
“Irán ha logrado construir una plataforma financiera en Venezuela, paralela a la plataforma que existía en el país; crearon su propio sistema financiero dentro del sistema financiero venezolano”, explicó Rodil al diario español la razón en septiembre de 2012, y agregó que los persas “operan internamente con sus bancos y agencias de valores y cuando tienen el dinero estructurado, lo trasladan al sistema financiero venezolano, que tiene relación con el sistema financiero mundial, producto de la industria petrolera”.
Pero va más allá. Aun cuando no se cuenta con una prueba contundente, Rodil enumeró entonces los argumentos — que maneja el Congreso de Estados Unidos desde ese año — sobre la forma como se presume que Venezuela ha contribuido al desarrollo de armas nucleares iraníes. “La empresa Parchin Chemical Industries, ubicada en Morón, en Venezuela, también se dedica a la producción de combustibles para el programa de misiles de Irán. En Venezuela, se dedica oficialmente a fabricar pólvora, aunque hasta ahora no ha producido un solo gramo, a pesar de que se terminó de construir hace un año”, precisó.
No es de extrañar entonces que la balanza de intercambio comercial entre ambos países haya alcanzado la bicoca de 30.000 millones de dólares, al menos hasta 2012. Seis años y con una sucesión presidencial a cuestas, los negocios bilaterales, a decir del régimen venezolano, marchan viento en popa.
La prueba es que el 7 de abril el canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió con su homólogo Mohammad Javad Zarif, en Teherán, “para para reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones”, refiere el medio oficialista Telesur. Se suscribió un acuerdo “que contempla la importación de medicamentos, productos farmacéuticos, vacunas y equipos médicos fabricados en suelo iraní (…) La alianza integral Venezuela — Irán es cada día más sólida. Revisamos proyectos conjuntos, nuevas áreas de cooperación y compartimos visiones geopolíticas”, dijo Arreaza a su salida del encuentro.
Mientras el régimen venezolano honra sus nexos con Irán y con ello coloca al país en medio de una guerra que no le es propia a menos hasta antes del ascenso de Chávez al poder, Venezuela ahora se sumerge en una aún más complicada situación. Estados Unidos mantuvo conversaciones con China en torno a la emisión de nueva deuda por parte de los asiáticos para financiar a Venezuela. Según las fuentes consultadas, Estados Unidos habría cedido en su intención de elevar los aranceles a los productos chinos, como parte de estas conversaciones.
El pasado 21 de mayo de 2018, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva que sanciona a Venezuela “como consecuencia del empeoramiento de la crisis humanitaria y de las últimas decisiones adoptadas por el gobierno venezolano a cargo del presidente Maduro, incluyendo una crisis endémica económica y corrupción pública a costa del pueblo venezolano y su prosperidad, la continua represión hacia miembros de la oposición política como realizar elecciones no justas ni libres, por medio de la cual prohíbe “todas las transacciones relacionadas con, provisión de financiación y otras relaciones en lo siguiente con Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos, la compra de cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar, cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela que se compromete como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar”.
