Más vida que un gato: los cabos sueltos del bolichico Alejandro Betancourt y sus encuentros con la justicia

Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo al convertirse en contratista del Estado venezolano durante la emergencia eléctrica decretada por el fallecido ex presidente Hugo Chávez en 2010, le permitió colarse en las altas esferas europeas y recibir un galardón internacional por un centro industrial inexistente.  A pesar de los señalamientos de irregularidades en las operaciones financieras del “bolichico” venezolano a través de una de sus primeras empresas, Derwick Associates – poderosa contratista del régimen chavista -, la danza millonaria no se detuvo y Betancourt escaló hasta convertirse en un magnate petrolero, empresario y hasta banquero. Sin embargo, luego que Estados Unidos acusara en 2018 a Francisco Convit, uno de sus principales socios, por supuestamente defalcar a la Nación venezolana – tan sólo en una trama – más de 1.200 millones de dólares por medio de una serie de operaciones dolosas, y tras conocerse nuevos datos sobre los negocios de estos “bolichicos”, el rumbo de los acontecimientos podría cambiar dramáticamente.

Especial The Digger

En un reportaje publicado en 2017 se conoció cómo “una ovación encabezada por empresarios españoles, latinoamericanos y hasta por los embajadores de Bulgaria, México y Luxemburgo precedió la entrega del premio “Mejor Iniciativa Empresarial Latinoamericana” a Derwick Associates que otorga la revista española Capital, especializada en temas de economía y negocios. Es una de las primogénitas de los conocidos como los “bolichicos”, jóvenes venezolanos que se enriquecieron tras obtener millonarios contratos con las estatales energéticas de este país”.

El reportaje describe además cómo ataviado en un impecable traje de gala, el cabello sometido a la tiranía de la gomina y lentes correctivos, Leopoldo Alejandro Betancourt López, subió al estrado en aquel diciembre de 2013 para recibir el galardón que le mereció – según el medio digital español – por el proyecto “Centro Tecnológico de Turbinas, CTT” ubicado en la zona industrial de Guacara, en el estado Carabobo, entidad que se encuentra en la región centro norte costera de Venezuela.

Cuenta cómo ya para aquel entonces, España se perfilaba como el centro de operaciones de este “bolichico” venezolano. Allá contrajo nupcias un año antes y echó raíces como “exitoso empresario” o al menos así desea ser visto; esto, antes de trasladar su residencia a Londres. Para Betancourt, el “todo sea por Venezuela”, parece haberse convertido en el mantra a explotar fuera del terruño. “Es un país (Venezuela) que tiene mucho potencial. Hay oportunidades para todos los venezolanos”, decía en 2014 en una nota publicada en su blog personal.

¡A excavar! 

A la gigantesca montaña de publinotas, limpiezas de reputación digital, réplicas de abogados o anuncios sobre adquisiciones de propiedades, bancos, emprendimientos y proyectos de energías limpias, sobrevive el expediente que recoge los señalamientos de presuntas irregularidades que sobre Derwick Associates y otras empresas pesaron por la adjudicación de millonarios contratos por parte de Pdvsa y otras estatales energéticas venezolanas. Es el documento oficial que resume los hallazgos tras dos años de investigación en el informe final del 15 de enero de 2017 de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional de Venezuela para el estudio de la crisis eléctrica.

La investigación parlamentaria tuvo como objetivo analizar los recursos invertidos entre 2009 y 2015, en el marco de la llamada emergencia eléctrica decretada en 2010 por el fallecido ex presidente Hugo Chávez, incluyendo los procesos de contratación, los costos asociados y las obras ejecutadas.

El informe detalló decenas de presuntas irregularidades encontradas en el otorgamiento de contratos que van desde las deficiencias en la gestión de la crisis hasta el otorgamiento de contratos a empresas sin experiencia, inobservancia en el seguimiento de las ejecuciones y cumplimientos de los mismos, sobreprecios en las facturaciones, entrega de equipos defectuosos y ocultamiento de información por parte de los contratistas señalados en la investigación, en lo que significó el desembolso por parte del Estado venezolano de más de 42.000 millones de dólares entre el 2010 y 2015 que deberían servir para renovar la infraestructura eléctrica, según las cifras del informe. El mismo forma parte del servicio documental de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía (Ariae), entre otras instituciones que tomaron el expediente como punto de partida de informes generales de la región.

Algunos de los representantes de las contratistas que acompañaron a Derwick en la lista de empresas invitadas a prestar declaración en esta investigación, hoy tienen cuentas con la justicia. Por ejemplo, sociedades  pertenecientes a criminales confesos como el caso de Roberto Rincón (Ovarb), quien se encuentra a la espera de conocer su sentencia en Estados Unidos, tras declararse culpable por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) por medio del otorgamiento de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

También las contratistas investigadas entonces apuntaron a Samark López, prófugo de la justicia estadounidense y señalado de ser el presunto testaferro de Tarek El Aissami, una de las más relevantes figuras del régimen chavista, incluido en la lista del Departamento del Tesoro estadounidense en la modalidad de “Kingpin”, o una suerte de jefe en operaciones de narcotráfico. Otras como Pacific Rim Energy, entonces con Majed Khalil Majzoub como accionista mayoritario, también fueron citadas a declarar. Empresas extranjeras como el caso de Odebrecht, la firma señalada en la llamada “Operación Lava Jato”, la investigación de corrupción de Brasil contra el gigante petrolero estatal Petrobras, fueron parte de la cartera de compañías citadas a rendir declaración en el marco de la investigación que adelantó la Comisión del Poder Legislativo venezolano.

Los aludidos en la investigación argumentaron el cumplimiento de supuestos “acuerdos de confidencialidad”, entre los firmantes de los millonarios contratos, algunos con asignación directa, que hicieron imposible a la Comisión investigadora obtener más elementos de juicio.

El informe reveló otro elemento: el otorgamiento de contratos por adjudicación directa a empresas sin experiencia que en el caso de Derwick Associates, la Comisión investigadora citó específicamente las centrales Guarenas, Raisa y Sidor, entre otras. Tras el estudio de 42 proyectos otorgados por contratos durante la llamada emergencia eléctrica decretada, sólo cuatro de ellos (Tocoma, Bachaquero-Tamare, TermoZulia III y Masparro), habrían concurrido a un proceso licitación.

La página 96 del expediente recoge los datos de cada uno de estos casos. De los proyectos en los cuales Derwick Associates intervino y que fueron investigados en esta ocasión (La Raisa I y II, Guarenas I y II, Picure, EDC Sur Charallave, Planta Juan Bautista Arismendi, Barinas 1, Sidor Ay B), sólo el primero – La Raisa I y II fue planificado en el marco del  Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (2005 – 2024).

Un ejemplo de estas adjudicaciones directas emerge también del portal de investigación Infodio, documentos obtenidos por este site que podrían apuntar en la dirección de las señalamientos hechos en contra de Derwick.

El informe también estima que según los análisis técnicos y económicos realizados, es posible demostrar la existencia de contratos con sobreprecios que en algunos casos triplicaron el valor de mercado estimado (al año 2005) de las procuras que Derwick Associates entregó, además de las condiciones de las plantas termoeléctricas que según recoge la investigación, habrían equipos que no eran nuevos sino re manufacturados.

Sin embargo, Derwick indicó que “el costo medio de sus obras eléctricas, que de 1,17 dólares por megavatio se encontraba dentro de los rangos internacionales, eso sin contar con el financiamiento que tuvo que realizar la empresa al estar hasta 4 años sin cobrar”. La Comisión solicitó información adicional sobre costos de los proyectos y condiciones de los equipos a los que la contratista se negó a hacer entrega de los mismos “debido a los convenios de confidencialidad”.

El informe recoge además, las observaciones finales en cuanto a la intervención de Derwick en estos proyectos. Durante la comparecencia de los representantes de la contratista ante la Comisión Mixta, el 4 de mayo de 2016, estos “enumeraron una serie de contratos desarrollados para tres grandes clientes, Corpoelec: Guarenas, La Raisa, Picure y la conversión dual de unidades que operan en Margarita; para Pdvsa: El Furrial, las Morochas, Morichal, la adecuación de Barinas I, y para la CVG: Sidor Planta A. Indicaron que poseían una participación de 7,13% del total de los contratos del área termoeléctrica del país y la capacidad operativa de las plantas, al momento de la entrega, por encima del 95%, sin datos acerca de la disponibilidad actual”.

Con relación a este punto, “se reconoció (Derwick) que el 20% de las plantas instaladas no eran nuevas, que pasaron por remanufactura cumpliendo con los requerimientos técnicos del cliente. No fue ejecutada ninguna clausula de garantía durante el primer año de vigencia, ni se han contratado servicios de mantenimiento posteriores a la entrega”.

Además, “ante la solicitud de los diputados miembros de la Comisión Mixta acerca de las contrataciones, los desembolsos y los pagos pendientes, Derwick no suministró información adicional amparándose en las clausulas de confidencialidad de los contratos”.

Estas son las presuntas irregularidades y conclusiones recogidas en el Informe Final, a las que la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional llegó tras estudiar el otorgamiento de contratos a Derwick Associates.

Tras indicar que los montos contratados superaron las estimaciones en cerca de 1000 millones dólares (un sobreprecio de 173%) y “en vista que los proyectos mencionados poseen diferencias importantes respecto a los lineamientos económicos establecidos por el Ministerio de Energía y Petróleo en cuanto a la expansión del sistema de generación” la Comisión recomendó que la Contraloría General de la República iniciara una investigación exhaustiva de la gestión de Rafael Ramírez, al mando de la estatal petrolera venezolana Pdvsa durante la ocurrencia de estos hechos, a Javier Alvarado Ochoa, entonces presidente de La Electricidad de Caracas, Rodolfo Sanz, como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, “así como todos los contratos otorgados a la empresa Derwick Associates por parte de Pdvsa, CVG y Corpoelec/Electricidad de Caracas”.

Aquí el informe completo emitido por el Parlamento venezolano.

Los principales responsables de la cadena administrativa al frente de las gestiones en el otorgamiento de estos contratos han sido acusados en diferentes jurisdicciones. Ni Rafael Ramírez, (ex zar del petróleo, solicitado en Venezuela por malversación de fondos y cobro de sobornos), Nervis Villalobos (ex viceminitro de Energía, fugitivo de la justicia estadounidense  acusado de cuatro cargos por conspiración para acometer lavado de dinero, ), Javier Alvarado (ex presidente de Bariven y exministro de Desarrollo Eléctrico, encausado en el mismo expediente de Villalobos).

Otros responsables de gestiones más recientes como el caso de Luis Motta Domínguez ex ministro de Energía y Corpoelec, acusado en Estados Unidos por supuestamente otorgar a tres empresas con sede en Florida más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio, comparecieron ante el Parlamento venezolano a rendir explicaciones sobre estos hechos.

Los parlamentarios instaron también a tomar medidas en cuanto a las empresas contratistas que participaron en estos procesos. El informe emitió su conclusión:

“La Comisión Mixta encontró elementos de juicio que permiten relacionar a autoridades de las empresas (Corpoelec, Pdvsa) con algunas de las empresas contratistas adjudicadas de forma directa. Esta convicción se debe a la información pública existente de varios procedimientos legales en curso en Estados Unidos, España y Francia por legitimación de capitales de varios exdirectores de las empresas eléctricas y empresas contratistas. En tal sentido, a pesar que el gobierno nacional se negó a entregar la información de los contratos eléctricos a la Asamblea Nacional, esta Comisión considera que existe suficiente evidencia para que la Contraloría y la Fiscalía General de la República inicien una averiguación acerca del destino de los recursos utilizados en dichos procesos de contratación”.

Derwick Associates, tal y como se muestra, fue señalada por irregularidades en Venezuela, incluso antes de que el Parlamento venezolano llevara a cabo esta investigación. En 2013, la Fiscalía 56 realizó indagatorias por este caso y acumuló pruebas sobre los hechos denunciados, sin embargo la causa fue sobreseída en 2015 por el Tribunal Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en tiempos en que la hoy ex fiscal Luisa Ortega Díaz estaba al mando de la institución.

Tampoco hubo referencias sobre este caso por parte de las máximas autoridades venezolanas, más allá de las declaraciones que Freddy Bernal hiciera en 2013 y que recoge Alek Boyd en su blog Infodio.

Luisa Ortega Díaz se encargó de la Fiscalía General de la República desde su nombramiento por la Asamblea Nacional chavista en diciembre de 2007 hasta su destitución en agosto de 2017. Su implacable apoyo al fallecido ex presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro en detrimento de la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos venezolanos fue noticia en medios internacionales .  Se le señala por no identificar responsabilidades en emblemáticos casos de corrupción denunciados ante su instancia en una de las más largas gestiones al frente de una institución durante el período chavista. Es conocido y ha sido denunciado en organismos internacionales la inesxistencia de poderes públicos autónomos en Venezuela, todos supeditados al Poder Ejecutivo en manos del chavismo desde 1998.

También, desde el año 2011, existen denuncias sobre el abandono de las plantas eléctricas que la empresa de Betancourt trajo al país. Una de ellas la reseñó El Universal y apuntó a aquella ubicada en el sur del país. “No están en operaciones”, argumentó José Jiménez, director laboral de la Siderúrgica del Orinoco. “La planta B presenta un adelanto de sus obras en un 95% y la A, tiene apenas un adelanto de 25 a 30%. Están abandonadas, llevando agua y sol”, dijo José Jiménez, director laboral de la Siderúrgica del Orinoco.

El dinero que fluyó a la caja registradora de Derwick Associates por este negocio palidece si se compara con la denuncia que en marzo de 2016 hiciera el diputado Julio Montoya. “Producto de dos años de investigación de un equipo multidisciplinario presentamos graves denuncias: de los 30 mil millones de dólares, que según el Gobierno nacional iban para la emergencia eléctrica, aproximadamente el 96% de lo que iba a ejecutarse no está inaugurado ni funcionando hoy”.

A decir del parlamentario, existió una hoja de ruta en la investigación de estas presuntas irregularidades en la que cooperaron organismos y agencias internacionales de aquellos países cuyos sistemas financieros se usaron para desviar el dinero que en vez de iluminar a Venezuela, hicieron brillar las arcas de los responsables de estas operaciones. Sin embargo, poco o nada ocurrió tras conocerse estas graves denuncias y los resultados de la investigación que los parlamentarios llevaron a cabo por espacio de dos años.

Otras empresas estuvieron a cargo de la infraestructura de las plantas eléctricas. Una de ellas, Alfamaq es centro de atención de la opinión pública por señalamientos de presuntos actos de corrupción a través de diversas contrataciones con el régimen chavista. Sus directivos reconocieron haber trabajado para Derwick Associates y afirman que las plantas eléctricas eran nuevas y de reciente adquisición. Esto, en el marco de una investigación independiente sobre las operaciones de esta contratista venezolana que este medio realizó entre 2017 y 2019.

Estos señalamientos de facturaciones con sobreprecios en la venta de equipos considerados defectuosos y re manufacturados, además de su presunta participación en operaciones financieras dolosas, parecen haber quedado en el olvido tanto para Betancourt y sus socios como para el régimen chavista, que controla todas las instituciones del Estado y que que no ha detenido los negocios con el contratista a través de sus alianzas petroleras y de proyectos como el Centro Tecnológico de Turbinas (CTT), del cual poco se conoció hasta el momento de esta publicación, como se recordará más adelante.

Aquí no, pero ¿y por allá?

En otras latitudes el panorama es un tanto más complicado. El nombre de Betancourt, su socio Pedro Trebbau y otrora Francisco D´Agostino, pueden leerse entre los expedientes de las cortes federales del estado de Nueva York, en Estado Unidos. Otto Reich, ex embajador de este país en Venezuela y quien fuera funcionario clave del Departamento de Estado por su experticia en temas vinculados a Latinoamérica y el Caribe, interpuso en julio de 2013 una demanda por violación a la ley RICO, aquella que según su definición, impone responsabilidad a las personas que trabajan para una “empresa” que comete ciertos delitos predicados que equivalen a un “patrón de actividad de crimen organizado”, entre otros.

El funcionario actuó jurídicamente por considerar que la difusión de versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras.

Sin embargo el juez J. Paul Oetken, adscrito a la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la querella porque no era Nueva York la residencia permanente de Betancourt y los socios de este, señalados como co-conspiradores en la acción judicial. “Este tribunal carece de fundamento para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos”, echando por tierra los esfuerzos de Reich contra el grupo de los “bolichicos”, en mayo de 2015.

Pero el también ex Secretario de Estado Adjunto Para Asuntos Hemisféricos volvió a la carga y apeló la decisión en junio de 2016. En esa ocasión declaró al portal Bloomberg que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

El 25 de marzo de 2016, la agencia Reuters daba a conocer que como parte de una investigación de corrupción cada vez más amplia cuyo origen son las operaciones de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa, llevada a cabo por las autoridades de Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron proporcionar a los fiscales estadounidenses los registros de al menos 18 bancos relacionados con la empresa petrolera.

Estas entidades bancarias helvéticas están en la mira de una gigantesca investigación luego que los investigadores de este país rastrearan más de 10.000 millones de dólares hasta una conspiración que involucra a “un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de Pdvsa”. Son representantes que invierten por separado de la energética venezolana Derwick Associates, que ha hecho negocios con Pdvsa, según las declaraciones de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ, por sus siglas), recogió la agencia.

El entonces portavoz de esta entidad, Folco Galli, informó que “en el contexto de la investigación contra representantes de la empresa energética Derwick, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el 4 de junio de 2015 a la FOJ que recopile registros bancarios”.

Eran los tiempos en que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se erigió como el zar anticorrupción, dando pasos certeros hacia el desmantelamiento de las redes de corrupción que minaron la nación estadounidense y que nacieron en la Pdvsa chavista. Luego llegaría Donald Trump a la Casa Blanca y con él la salida de Bharara de circuito judicial.

Otro dato relevante salta en una carta abierta, escrita el 29 de marzo de 2016, por el investigador Alek Boyd y dirigida al fiscal Bharara, en la cual expone los supuestos vínculos de Betancourt con individuos y sociedades expuestas en investigaciones independientes y señaladas por presuntos crímenes de corrupción.

Cuenta Boyd que en noviembre de 2013 concretó una reunión con uno de los abogados de Alex Saab –  fugitivo de la justicia estadounidense – , de nombre Amir Nassar Tayupe. Este le dijo a Boyd palabras en el sentido de que “la gente de Derwick se puso en contacto con nosotros para proponer acciones para silenciarle a Usted”. Además de la gravísima declaración hecha por el letrado, lo dicho por Nassar podría arrojar luces sobre otra posible conexión entre Betancourt y Saab. Un año después de aquella entrevista, tres individuos irrumpieron en la residencia de Boyd robando sus computadoras portátiles.

Alex Saab, quien se encuentra a la espera de definir su posible extradición a Estados Unidos tras ser detenido en Cabo Verde el pasado año, fue acusado por la Fiscalía de este país en julio de 2019 junto a Alvaro Pulido Vargas (cuyo nombre real es Germán Rubio Salas, convicto narcotraficante vinculado a los cárteles de la droga europeos), ambos colombianos con ocho cargos emitidos en los tribunales del Distrito Sur de Florida, por conspirar para cometer lavado de dinero y con ello enfrentan siete cargos por este crimen. En el expediente se pretende la confiscación de más de 350 millones de dólares que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

Según la acusación formal, Saab y Pulido (Germán Rubio), obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos.

Los acusados ​​y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a funcionarios para conseguir la aprobación de esos documentos. El Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) también está involucrado en esta investigación.

Y han pasado cosas…

Sin embargo, hechos relevantes han  sucedido desde que Betancourt voló a Europa y las investigaciones que desde Venezuela se impulsaron no prosperaron. En julio de 2018 el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación contra Francisco Convit, principal socio de Alejandro Betancourt junto a otros nueve individuos, tras estos haber participado en la trama conocida como “Money Flight”.

Los acusados y sus co-conspiradores -lista que fue revelada en el portal de investigación Infodio– habrían establecido una red criminal que estafó al Estado venezolano más de 1200 millones de dólares – tan sólo en esta trama -,  a través de presuntas operaciones financieras dolosas que aprovecharon las restricciones del régimen cambiario y sus conexiones con altos funcionarios del régimen chavista dentro de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

El nombre de Alejandro Betancourt no aparece de forma textual en los expedientes que fueron abiertos al público con los detalles de las acusaciones sólo correspondientes a los primeros indiciados por este caso. Sin embargo, hay pistas claves en el expediente que se sospecha apuntan a la figura del contratista venezolano, que sería señalado como el “conspirador 2” de esta trama.

Dos personas familiarizadas con este caso que fuero e ntervistadas para este reportaje aseguraron que sólo en el momento en que se tenga segura una acusación y “todos los hilos atados para hacer caer a toda la red de conspiradores” se abrirán estos expedientes. Sin embargo, medios de todo el orbe le identifican dentro de esta operación masiva de lavado de dinero y corrupción.

Por este caso, la justicia estadounidense también busca al fugitivo venezolano Raúl Gorrín, considerado uno de los principales conspiradores de esta trama en conjunto con el socio de Betancourt, Francisco Convit. El portal de investigación  The Digger reveló en 2018 en un trabajo conocido como “Los Papeles de Gorrín” más de 800 operaciones bancarias hechas por este venezolano, propietario del canal de televisión de este país, Globovisión, y sus socios, que aprovecharon las restricciones cambiarias impuestas por el régimen chavista para especular y según fuentes consultadas para este trabajo “controlar prácticamente todo el mercado de divisas del país, para su propio beneficio”. De hecho, existen conexiones entre ambas tramas, como este medio publicó en un trabajo posterior.

Francisco Convit y Raúl Gorrín son eslavones importantes de la trama, pero están muy lejos de ser los únicos. Uno de los detenidos y en proceso de cumplimiento de condena, Matthías Krull, se presentó ante a jueza Cecilia Altonaga, quién leyó el expediente antes de emitir la sentencia.

Ocurrió durante la audiencia del 22 de agosto de 2018, y que fue abierta al público posteriormente. La jueza describió la trama y los hechos que incriminan a Krull para asegurarse de que el acusado estaba al tanto de las razones por las cuales se declaró culpable.  

Los conspiradores acordaron dividir la ganancia producto de la estafa de la siguiente manera: “227 millones de euros fueron para el Boli, Francisco Convit Guruceaga y el llamado Conspirador 2. El conspirador 7 recibió otros 227 millones de euros”. A partir de ahí, los miembros de la red acordaron distribuir los ingresos entre los otros conspiradores.

El conspiración 7 no es otro que Raúl Gorrín, quien junto a Convit repartieron el grueso del dinero estafado a la Nación venezolana. La investigación hecha por The Digger ha ayudado a las autoridades suizas a rastrear más de 10.000 millones de dólares que circulan por su infrasestructura bancaria y financiera cuyo origen es la corrupción de Venezuela, tal y como dieron a conocer en enero pasado.

Pero además,  nuevos detalles han comenzado a aparecer que podrían traer tormentas a las tranquilas aguas de los negocios del bolichico Alejandro Betancourt. Por ejemplo, recientemente se pudo conocer que a mediados de 2012, fiscales suizos habrían congelado unos 50 millones de dólares vinculados a Betancourt y Convit en el marco de una investigación sobre posible lavado de dinero y soborno, un año antes de que ambos adquirieran participaciones en Banca Credinvest, tal y como citó Finews .

No se pudo conocer si estos contratistas venezolanos habrían cometido alguna ilegalidad, ya que estas investigaciones no prosperaron, de nuevo,  por la resistencia de las autoridades venezolanas en colaborar con los oficiales helvéticos en dichas pesquizas.

De igual forma, existiría otra conexión entre las finanzas del proyecto Centro Tecnológico de Turbinas – del cual se hablará más adelante – y una sociedad de nombre Ming International Sàrl, vinculada a Alejandro Betancourt, conexión que fue revelada recientemente tras una filtración de miles de registros comerciales constituidos en la jurisdicción del Gran Ducado de Luxemburgo, obtenida por el diario francés Le Monde y otros medios en un trabajo colaborativo.

Es así como el portal de investigación Occrp,  que tuvo acceso a la base de datos de la filtración, reveló que “otra firma registrada en Luxemburgo, Ming International, recibió un préstamo de 53 millones de euros de IPC Investments Corp. También tomó un préstamo del Centro Tecnológico de Turbinas, una empresa venezolana vinculada al sector eléctrico y de Derwick Associates”.

Esta investigación muestra el recorrido del flujo financiero entre cuentas bancarias controladas por Betancourt. Su nombre aparece como el “beneficiario real” de al menos cuatro empresas en Luxemburgo, según el Miami Herald y sus socios informantes y antes el portal Infodio. Se trata de Latin America Ventures Sàrl, Gainsboro Developments, la mencionada Ming International y O’Hara Financial SA, según estos medios, con registros corporativos que muestran que se han utilizado para movilizar cientos de millones de dólares en inversiones comerciales.

El hecho de que un contratista use sociedades para llevar adelante operaciones comerciales que requieren cierta dinámica en el flujo financiero, es una práctica común para cualquier negocio, siempre y cuando el origen de tales capitales no sea producto de operaciones dolosas, sobornos, sobrefacturaciones u otros delitos de orden financiero, que sólo las autoridades encargadas de llevar a cabo estas investigaciones podrían comprobar. Al no existir continuidad en las investigaciones que se iniciaron en Venezuela sobre la forma cómo Derwick Associates logró contratos millonarios con el régimen chavista y la forma como estos fueron ejecutados, este aparte seguirá siendo una historia con aristas por descubrir.

Entonces, existe una gran interrogante entre investigadores y periodistas que han hecho seguimiento a estos casos: ¿cómo es posible que socios, funcionarios responsables de otorgarle contratos en Venezuela, contratistas y los flujos financieros de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, sean objeto de investigaciones por crímenes financieros en numerosas jurisdicciones, mientras que la figura del bolichico venezolano permanece al margen?. Fuentes consultadas para este trabajo aseguran que los agresivos procesos de cabildeo y los servicios de emblemáticos abogados han logrado mantener a salvo a Betancourt y sus empresas, no así a sus socios, como se ha visto en esta investigación.

Recientemente se conoció que Rudy Giuliani, el prominente abogado defensor de los intereses del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría tomado a Alejandro Betancourt como su cliente, por quien el ex alcalde de Nueva York habría pedido indulgencia “en relación con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida”. Para tal petición, Betancourt no se habría presentado como uno de los emblemáticos contratistas del régimen chavista, sino más bien, como un colaborador financiero de la oposición venezolana.

Esta información, que circuló en los principales medios estadounidenses, no fue confirmada por el abogado. De hecho, Giuliani no confirmó haberse reunido con fiscales estadounidenses en nombre de Betancourt y no quiso responder si el empresario venezolano es un cliente. “Fue una reunión confidencial, si es que sucedió”, dijo Giuliani a Reuters en una breve entrevista telefónica, posiblemente mientras lucía sus habituales lentes correctivos de la marca española Hawkers, uno de los primeros negocios que se conoció en los que Betancourt habría invertido un importante capital y así tomar el control de este negocio.

Pero volvamos a aquellos primeros años y la radiografía del Centro Tecnológico de Turbinas: ¿Un sueño de proyecto o algo más?

Una nota publicada en el blog de la empresa de Alejandro Betancourt  fechada en marzo de 2014 y que se titula “Derwick ultima la construcción del Centro Tecnológico de Turbinas”, anuncia lo que ocho meses antes recogía el portal Petroguía.com: “El primer Centro Tecnológico de Turbinas (CTT) de Venezuela costará 40 millones de dólares y estará listo en su totalidad en 2014, aunque la primera fase comenzará a operar a finales de este mismo año (2013)”. Así lo hizo saber en esa oportunidad el Director de Operaciones de Derwick Associates, Edgar Romero Lazo.

Romero Lazo es desde el “vamos” una pieza fundamental en la estructura operativa de Derwick Associates. Se lee en su perfil de Linkedin que a partir de la constitución de la firma acompaña a Betancourt y al resto de la plantilla en el proyecto, aparentemente hasta 2014. Antes trabajó en Petrolago, compañía a la cual se vinculó su padre y ex presidente de Fedecámaras, Edgar Romero Nava.

En una actualización más reciente de su cuenta en esta red social, Romero Lazo aparece como presidente de Petrolago. En 2004 supervisó las obras de construcción del puente Orinoquia ubicado al sur del país realizadas por Odebrecht, antes de que la otrora prestigiosa gigante brasileña fuera reconocida a nivel mundial por los gigantescos casos de corrupción y sobornos en diversas latitudes del orbe.

Para aquel entonces, Derwick habría vendido, ávido de hacerse de un supuesto reconocimiento internacional, el proyecto del Centro Tecnológico de Turbinas (CTT) como “una iniciativa sin precedentes en Latinoamérica, que permitirá reforzar e independizar el sector termoeléctrico de Venezuela a través de un servicio de asistencia y reparación rápido y eficiente”, decía Betancourt, con el galardón en mano otorgado en la ceremonia de premiación de la revista Capital en España.

“Hasta ahora, las empresas tenían que recurrir a compañías de otros países en estos casos, pero el Centro Tecnológico de Turbinas evitará este paso que supondrá, a la vez, un ahorro económico para las empresas del país”. Incluso, la página oficial del proyecto le cita como parte de los negocios de Mercosur y el Alba, este último, uno de los proyectos bandera de del fallecido lider chavista, Hugo Chávez. Sin embargo, el panorama del Centro Tecnológico de Turbinas era muy diferente.

Para comprobar lo dicho por Betancourt y el estatus del proyecto que le valió un premio internacional, se realizó un recorrido por el lugar en marzo de 2017. La infraestructura se encuentra en los terrenos industriales Los Naranjillos II, al lado de Tejinac, colindante con el Caño El Nepe, variante Yagua – Barbula, a 1 Km de la Autopista Regional del Centro, Guacara, en el estado Carabobo, en la zona centro-norte costera de Venezuela.

Allí debería operar el “gran proveedor de tecnología de Iberoamérica”, según las propias palabras de Betancourt y avaladas por Romero Lazo. Además, otra sede está registrada en la página oficial. Esta se identifica como “entidad de trabajo” y refiere una dirección en el estado Zulia, en el occidente del país: Av. Intercomunal Carretera H, Sector el Prado, Tía Juana, Zulia.

Un examen a los datos legales públicos del Centro Tecnológico de Turbinas, confirman que al proyecto se le creó una identidad jurídica denominada “Centro Tecnológico de Turbinas CTT, C.A” bajo el RIF número J-402647255. Existe una inscripción incompleta realizada en diciembre de 2015 en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Siendo este un requisito indispensable para contratar con el Estado venezolano, esta empresa a la fecha, no podría operar en proyectos estatales, si bien sus representantes prometieron que este ofrecería los servicios de procura al sistema eléctrico nacional para el mantenimiento de los equipos y que sería un proyecto vinculado a Mercosur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), como se dijo, uno de los más ambiciosos impulsados por el fallecido expresidente Hugo Chávez.

Este registro cambió de estatus tras oficializarse su registro en el RNC el 24 de abril de 2019. El registro cita el estatus “no actualizada” y la última inscripción venció el 30 de marzo de 2020. Entonces, no queda claro cómo pudo operar este proyecto premiado internacionalmente y contratar con el Estado, si bien su formalización en el registro de contratistas – trámite obligatorio para tales fines – duró solo 11 meses.

El Centro Tecnológico de Turbinas tampoco estuvo al día, a la fecha de marzo de 2017, con las solvencias del Instituto de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y no estuvieron disponibles los datos sobre la actividad económica en el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

A principios de marzo de 2017, este equipo realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Tecnológico de Turbinas, ubicado en Yagua, estado Carabobo. Desde la entrada se observa un inmenso galpón blanco, con parcelas a cada costado de la estructura que, según los videos promocionales de Derwick, también pertenecerían al proyecto que como se ha dicho y reitera esta pieza, estaría listo en 2013.

Cuatro años después, este era el panorama:

La estructuras que rodean el galpón principal evidenciaron el deterioro por el paso del tiempo y falta de mantenimiento. Al menos durante una media jornada laboral que duró la visita de este medio al lugar, no se observó ningún movimiento de personal o de operaciones dentro del sitio.

“Bueno, aquí estamos esperando que eso comience a funcionar; creo que con todo lo que le han metido debiera estar ya listo”, comentó un habitante del sector que habló en condición de anonimato. “No sé a quién pertenece eso, la verdad, ellos han contratado alguna gente de por aquí para pequeños trabajos”, completó.

Una vez en el sitio, el vigilante del lugar se aprestó a atendernos. Se preguntó por algún operador o persona a cargo para consultarle sobre el proyecto. “Para poder entrar aquí deben gestionar el permiso por Caracas”, respondió. No quiso ofrecer detalles sobre el funcionamiento del Centro. “Deben hablar con Alejandro (Betancourt) para poder entrar”, alcanzó a decir. Un individuo a bordo de una moto vigiló los intentos del equipo para obtener gráficas del lugar. La “novedad” se la comunicó a un hombre que salió de las instalaciones a observar los movimientos del equipo de investigación.

Previo a esta visita, se enviaron comunicaciones electrónicas a los representantes de Derwick, sin obtener respuesta a estas inquietudes periodísticas.

También este medio quiso conocer la opinión de la revista española Capital, responsable del otorgamiento a Derwick de un galardón por un proyecto que no ha cumplido con la promesa original, pero no fue posible obtenerla hasta el momento de esta publicación.

Además, se enviaron correos y se realizaron llamadas telefónicas, sin éxito, a Iker Candina Rodríguez, quien figura como persona de contacto de Derwick Associates de Venezuela en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

¿Petrozamora en la jugada?

El Centro Tecnológico de Turbinas y Petrozamora, empresa mixta perteneciente a la estatal venezolana Pdvsa vinculada a los negocios de Betancourt y socios rusos, parecieran vincularse administrativamente. Un registro de actividades olvidado entre millones de documentos que circulan digitalmente, muestra una relación directa entre ambas empresas. El documento que data de 2018 y que recoge las especificaciones del proyecto para la “normalización y ampliación de la Subestación Eléctrica San Timoteo, Fase I Petrozamora”, distingue el emblema del Centro Tecnológico de Turbinas conjuntamente con el de esta empresa mixta.

Petrozamora se constituyó como una empresa mixta, conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y una sociedad constituida en marzo de 2011 en Amsterdam con el nombre de Gazprombank Latin America Ventures BV, registro que fue revelado por el investigador Alek Boyd, quien explica además que para aquel entonces, la empresa de reciente formación era propiedad de GPB Netfegaz Services . Más tarde, en septiembre de ese mismo año se transfirió a GBP Global Resources , y un año más tarde admitió al representante de Derwick, el fugitivo Francisco Convit y socio de Betancourt, como accionista / director.

Es así como el registro de la socia comercial de Venezuela en la empresa mixta Petrozamora, mostró a Orlando José Alvarado Moreno, Francisco Convit Guruceaga, Boris Ivanov y Christophe Gerard asociados a Gazprombank Latin America Ventures BV.

Puede leerse en la Gaceta Oficial del  26 de mayo de 2015, una notificación sobre la ampliación del objeto social de la empresa mixta Petrozamora, mostrando como socios accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) por Venezuela,con el 60% de la participación y a Gazprombank Latin America Ventures, con un 40% del paquete accionario. Esta última estuvo representada en el acto por Francisco Convit, como se dijo, acusado por la justicia estadounidense y socio de Betancourt en sus aventuras empresariales, datos que se conocieron por vez primera en el portal de investigación Infodio.

En marzo de 2019, Reuters informó que Gazprombank, considerado el tercer mayor prestamista de Rusia, vendió su participación indirecta en la empresa conjunta Petrozamora en Venezuela. No se tienen más evidencias sobre esta supuesta venta de la participación rusa en dicha alianza.

Pero más detalles afloran del site del Centro Tecnológico de Turbinas. Se afirma que su “sede principal” no está precisamente en la región centro-norte costera de Venezuela y tampoco en el occidente del país donde funciona Petrozamora, empresa mixta vinculada a Betancourt, sino que la sede principal de “CTT Corp” se encuentra en “The Phoenix Centre, George Street, Belleville, St. Michael. Barbados”.

The Digger  se comunicó con esta localidad y una persona que se identificó como secretario, informó que en dicha dirección funcionan decenas de compañías fiduciarias entre ellas Trident Corporate Services, LTD la hacedora de firmas preferida por estos contratistas para crear estructuras societarias en paraísos fiscales, incluyendo la constitución de CTT, Corp. No existen oficinas administrativas de CTT en dicha dirección, según lo informado durante la llamada telefónica.

CTT, Corp, “sede principal del Centro Tecnológico de Turbinas”, fue constituida el 9 de marzo de 2016, tres años después de que Alejandro Betancourt recibiera de manos de Borja Nocito, editor de la revista española Capital el premio como la iniciativa empresarial por tal proyecto.

Se incribieron como directores a Domingo Guzmán y César Rafael Alfonzo Larrain Landaez. Este último figura en los registros de la panameña Calandra Business S.A. y otras sociedades ligadas al bolichico, tras ser incluido como oficial de la empresa, en 2019. Esta sociedad es controlada por Betancourt y su socio Francisco Convit, fugitivo de la justicia estadounidense.

Operaciones financieras realizadas a través de Calandra Business S.A., fueron canalizadas a través de la entidad bancaria Compagnie Bancarie Helvetique, la misma usada en las operaciones de Raúl Gorrín y por medio de la cual el gestor bancario francés Charles Henry De Beaumont se erigió en el arquitecto financiero de las fortunas que nacieron en Venezuela, bajo la sombra del régimen chavista.

César Rafael Alfonzo Larrain Landaez fue noticia el 15 de octubre de 2018 cuando medios españoles informaron sobre las rondas de deuda y capital de la startup española Jobandtalent, a dos años de haber firmado una ampliación de 42 millones de dólares. Para esta nueva ronda se esperó el aporte de accionistas vinculados a otras dos sociedades, como cuenta El Periódico.

Dichas firmas fueron E-Participations Corp, con Cesar Rafael Alfonzo Larrain Landaez, a la cabeza y Gainboro Development, constituida en Luxemburgo, que como se dijo, también está vinculada a las operaciones financieras de Betancourt. Tres meses antes de esta noticia, el mismo medio recogía los detalles de las operaciones de financiamiento de Betancourt a Jobandtalent a través de otros vehículos financieros.

El prestamista fue Associated Ventures, Corp  que muestra a Ana Graciela Convit Guruceaga y a Edgar Romero Lazo como representantes de la firma, cerrando así este particular circulo de negocios controlados por Betancourt y sus socios.

La constitución de CTT, Corp, en Barbados. Imagen: ICIJ

El Centro Tecnológico de Turbinas parece ser el nombre que también lleva a otras operaciones y rutas de flujo financiero entre negocios de Betancourt y sus socios. Algunos ejemplos son citados en su página web oficial. Puede leerse en la pestaña de “casos de estudio” los proyectos en los que habría intervenido el CTT.

Uno de estos se denomina Proyecto Yaqui Solar. Dice que “el objetivo del CTT, fue desarrollar el proyecto Yaqui Solar hasta alcanzar un estatus que se denomina Ready to Build (Listo Para Construir)”. Más adelante especifica que CTT fue contratada por Zigor México “para el desarrollo de un proyecto de generación solar fotovoltaica, específicamente una granja solar de 10 MW la cual se denominó como Yaqui Solar. Dice además que “Zigor México es el accionista mayoritario de los Power Purchase Agreements (PPAs) (acuerdos de compra) firmados con OOMAPAS de CAJEME (organismo operador de agua potableuno de Cajeme, municipio del estado de Sonora de este país) y el Ayuntamiento, ambos entes gubernamentales de la región”.

El nombre de Zigor no es ajeno a las operaciones de Betancourt y sus socios. Zigor Corporation S.A de España es la casa matriz de esta transnacional que muestra a Pedro Jose de Jesús Benito Trebbau Lopez y a Leopoldo Alejandro Betancourt López como Presidente y Consejero respectivamente. Betancourt adquirió en 2014 un tercio del paquete accionario del grupo. Para ello, usó a la barbadense ZGR International Corporation.

La revista española Economía Digital recoge en una nota publicada en julio de 2019, que tras la adquisición del paquete accionario de Zigor, Betancourt habría vendido toda su participación en la empresa alavesa alrededor de esta fecha, “huyendo” así del negocio energético en España.

La nota recuerda que a principios de 2017 – poco antes de la publicación de la primera edición de este trabajo – ZGR (Zigor) comenzó su escalada hasta convertirse en la máxima accionista de la casa matriz en España, luego de inyectar “2,7 millones de euros a través de préstamos que serían cobrados con intereses de entre el 8% y 18% y destinados financiar su actividad en México”.

Así se cierra otro circulo de este negocio, con el sello de Betancourt: el Centro Tecnológico de Turbinas es contratado por la subsidiaria de Zigor en México, también controlada por el bolichico para ejecutar proyectos en suelo mexicano.

Un premio para una imagen que vale millones y algo más de Derwick

Betancourt no sólo tiene un blog y otras páginas de promoción, sino también una página personal que le sirve, a juzgar por lo que allí se lee, para presentarse como un exitoso empresario preocupado por el bienestar de Venezuela, la preservación del ambiente y claro, vender la imagen de Derwick como uno de los negocios más prósperos del mundo, méritos logrados bajo su gerencia, según relata, porque a su decir “todo se trata de percepción”.

Poco después de hacerse públicos documentos que revelarían supuestas irregularidades cometidas por Betancourt y sus socios para hacerse con millonarios contratos en el marco de la declaración de crisis eléctrica hecha por el fallecido ex presidente Hugo Chávez alrededor de 2010, poco o nada se supo sobre su paradero. Pero sí llegaron noticias sobre sus andanzas en la madre patria hechas públicas en sus sites personales. Reseñas al detalle sobre las actividades de sus empresas y encuentros con diferentes personalidades españolas, como el que tuvo en 2013 – poco antes de recibir el premio de la revista Capital –  con el jefe de la patronal eléctrica española Eduardo Montes.

Allí afirmó sin tapujos que “Derwick está presente en España desde 2010 y su salto internacional se ha producido tras cinco años de trabajo en Venezuela. En este período, la compañía se ha encargado de reforzar el sector energético del país con la construcción de once plantas termoeléctricas, que han reducido la dependencia en la energía hidroeléctrica”.

Sin embargo, llama la atención la línea de tiempo detrás de estas declaraciones. A pesar de que existen otras denominaciones jurídicas en otras jurisdicciones de la compañía controlada por Betancourt y sus socios El acta constitutiva de Derwick Associates de Venezuela data del 28 de octubre de 2009 y cursa en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A, por lo que es llamativo que en apenas unos meses esta empresa haya podido exportar la experiencia que dice haber ganado con sus actividades en Venezuela, tal como Betancourt le habría dicho al directivo español.

Por ejemplo, a Derwick Associates se le puede encontrar un poco antes como una sociedad panameña. Esta fue constituida el 7 de abril de 2003, con prestadores de nombres asociados como oficiales de esta empresa cuya inscripción estuvo a cargo del agente residente Morgan & Morgan. Como The Digger reveló en una entrega anterior, esta agencia debe parte de su crecimiento a la captación de decenas de clientes venezolanos. Diana Morgan, socia de esta firma, dirige una fundación de arte y está casada con el ex banquero venezolano Antonio Murzi.

Pero mucho más reciente, en junio de 2018, el estado de Delaware se constituyó en jurisdicción de un par de denominaciones: Derwick Associates Corporation y Derwick Associates de Venezuela, poco tiempo antes de que el Departamento de Justicia revelara a la opinión pública los primeros acusados del caso Money Flight.

La constitución de este par de sociedades en territorio estadounidense es también posterior a las originarias Derwick Associates, Corp y Derwick Oil and Gas, Corp ambas constituidas en Barbados en 2009 y 2011 respectivamente.

En el caso de Derwick en la nación suramericana surgen algunas precisiones. Al momento del registro, el 99% de las acciones de Derwick Venezuela eran propiedad de Derwick Associates Corporation, una sociedad con jurisdicción en Barbados. Esta empresa, también inscrita en el RNC y  constituida en un paraíso fiscal no estuvo al día como contratista del Estado venezolano. El otro 1% de los papeles lo representa Pedro Trebbau, otro de los principales socios de Betancourt en numerosas aventuras empresariales.

Esta sería una renovación de la inscripción original de Derwick Associates de Venezuela, S.A. en el Registro Nacional de Contratistas. El primer registro fue en 2010, a poco tiempo de que la empresa fue constituida. Sólo algunos meses transcurrieron y Derwick se convirtió en la favorita de los procesos de adjudicación de contratos de procura con diversas instituciones del Estado. 

Esta preferencia es evidente si se toma en cuenta los registros de montos adjudicados correspondientes al año 2013 de Bariven, la filial de procura de la estatal petrolera venezolana. Derwick Associates aparece inscrita con un código cuyos pimeros cuatro dígitos son 3500, que corresponden a empresas categorizadas como de tipo “OTV” (One Time Vendor), una nomenclatura que se le asigna a los nuevos proveedores que por razones de alguna contingencia podrían ser beneficiados con la adjudicación directa de una orden de procura, pero que deberán posteriormente consignar documentos que demuestren su experticia y solidez financiera para optar a convertirse en un proveedor seguro de la industria petrolera, de superar todas las etapas de evaluación. Según los registros de Bariven, la cifra sobre la base asignaciones de contratos, según explicó a este medio una fuente familiarizada con estas operaciones, ya superaba los 1000 millones de dólares para abril de 2013. También figura Gazprobank latin America Ventures, con la misma condición para obtener contratos relacionados con la estatal petrolera venezolana, habiendo acumulado poco más de 125 millones de dólares adjudicados en contratos, para 2013.

El registro de Derwick como proveedor fue bloqueado y la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas quedó en el olvido, hasta el pasado enero de 2017 que volvió al ruedo nuevamente como candidata a ser contratada por el Estado venezolano.

¿Derwick vive, el legado sigue?

Parecería que tras percibir importantes dividendos, la primigenia Derwick Associates se ha convertido más bien en una mácula para el bolichico venezolano. Ya no es bienvenida a su imagen digital ese lazo que legó a él y a sus socios un saco de dinero y conexiones, tras convertirse en la niña de oro, la preferida entre las ofertantes de bienes y servicios a las estatales energéticas venezolanas.

Documentos internos de Pdvsa y Bariven en poder de The Digger demuestran que para el año 2012, Derwick Associates se había convertido en una de las más poderosas contratistas del régimen chavista, superando incluso aquellas que Roberto Rincón y su socio Abraham Shiera, hoy en espera de sentencia en Estados Unidos tras declararse culpables por pagar favores y sobornos a funcionarios dentro de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa y circular el dinero sucio a través del sistema financiero estadounidense.

Ahora bien, del maridaje entre Betancourt y Derwick, nada sabría el lector desprevenido que por vez primera visite el blog del bolichico, su plataforma de presentación ahora adaptada lo que parece ser su nueva residencia en Londres, la cuenta en la red social Linkedin o más llamativo aún, su reciente condición de trabajador cesante en el registro de la seguridad social venezolana de la empresa por él fundada, para la cual cotizó al sistema del seguro social de este país hasta 2019.

Así, en una rápida vista a su blog, Betancourt reseña sus logros siempre avalados con el uso de las iniciales de su nombre. Eso sí, siempre Alejandro, nunca Leopoldo. Y tampoco Derwick, al menos en esta presentación personal. La prima benefattrice ha dejado de existir en los datos curriculares de su fundador, no así lo que vino tras lograr pactar decenas de contratos con el régimen chavista.

Pero, la percepción es lo que cuenta, parece ser el mantra del bolichico italo-venezolano. Y qué mejor forma que hacer aportes en gestos de filantropía o beneficencia. Es así como por medio de la Fundación Derwick se establecieron convenios, por ejemplo, con la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, para financiar cursos de diplomado en “fundamentos de operación y mantenimiento de plantas térmicas de generación”, o bien la participación de Derwick en el Día Mundial de las Playas, entre otras.

Una nota de prensa de la casa de estudios ubicada en Sartenejas, Caracas, habla sobre estos cursos profesionales en alianza con Derwick y también hace mención al Centro de Tecnología de Turbinas (CTT). La información que allí aparece y que corresponde a marzo de 2016 confirma que, más allá de la “percepción” y los galardones, el Centro Tecnológico de Turbinas es una  “iniciativa empresarial” sin operación comercial conocida.

Se enviaron comunicaciones a esta casa de estudios para conocer qué información manejan las autoridades sobre el estatus actual del Centro Tecnológico de Turbinas, “único en su estilo en Latinoamérica y del mundo” el mismo cuyos directores afirmaron estar operativo en 2013.

El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Juan Francisco Bermúdez, respondió a nuestras inquietudes. Informó que los diplomados que patrocinaba la Fundación Derwick llegaron a su fin en diciembre de 2016. También precisó que el Centro Tecnológico de Turbinas estaba a la espera de la llegada de los equipos y que en el lugar sólo hay obras civiles.

Los arácnidos en los primeros tejidos en la telaraña de negocios de Betancourt

A Derwick Associates se le señala de haber sido una empresa sin experiencia que entró en las grandes ligas de las contratistas del régimen chavista. Para lograr cumplir con las millonarias adjudicaciones, esta subcontrató a una empresa localizada en Missouri, Estados Unidos de nombre ProEnergy Services. Daniel Roseneau, un oficial que trabajó para esta compañía, se habría encargado de filtrar valiosa información sobre las operaciones de ProEnergy en Venezuela y su relación con Derwick Associates.

Pero el estado de Missouri asoma en otro interesante dato. Justamente en los tiempos en que Derwick Associates navegaba entre estos contratos adjudicados por parte de las estatales venezolanas de energía, una empresa de nombre Trebet Assets Corporation, la cual tiene como oficiales a Leopoldo Alejandro Betancourt López y su primo y socio Pedro Trebbau López, es referencia en una nota de prensa institucional publicada el 15 de julio de 2013, tras convertirse en un “inversionista estratégico” y aportar en una primera tanda más de siete millones de dólares a favor de un holding de tecnología de procesos renovables llamado Inventure Renewables, Inc. Mark Tegen figura como CEO y fundador.

Se anuncia en la nota que Inventure Renewables, Inc., utilizará una parte de los ingresos para establecer Alchimia Inc., una empresa conjunta para construir y operar una planta de procesamiento con sede en Missouri. Dice además que se espera de Trebet otro desembolso por poco más de ocho millones de dólares. Eran los tiempos en que desde la Fiscalía de Venezuela se realizaban indagatorias sobre las operaciones de Derwick en este país. Entretanto, una telaraña de socios y “partners” se tejió alrededor de los negocios del bolichico venezolano.

Es así como surge desde los fueros de Derwick Associates el nombre de Iker Candina Rodríguez, o Yker, como figura en sus registros electorales venezolanos, quien además funge como secretario de la Junta Directiva de Derwick Associates de Venezuela, S.A, integrada por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, Presidente y Vicepresidente respectivamente. Candina, de 61 años, es oriundo del estado Falcón, Venezuela. Puede leerse en un viejo registro en la red social de Linkedin que junto a él aparece un empleado asociado. Se trata de Maite Candina Rodríguez.

El nombre de Maite Candina aparece en la lista de contactos de la empresa venezolana Gesca Gas Equipment Specialist C.A., la misma que Alejandro Betancourt ha citado en su hoja de vida como lugar de trabajo alrededor del año 2007. Su nombre también se asocia al de la empresa “Sancus International”, pero además se identifica a sí misma como Maite Candina Bradford, presidente de Maitetxu, una firma que según el registro público del estado de Texas, opera en el ramo del diseño de modas.

El apellido Bradford traslada la búsqueda al expediente de Gesca en el Registro Nacional de Contratistas. Allí está Joe Calvin Bradford, quien opera – u operó – como gerente general de la firma. Bradford formó sociedad con Alejandro Betancourt e inscribieron a B&G Energy, C.A en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela. Le acompañaron Harold Andrés Giménez Chumaceiro y su padre Luis Enrique Giménez Mercado como parte de la junta directiva.

Pero no sólo eso. Bradford también está asociado a  Sancus Energy and Power, la misma a la que otro nombre, el de Neil Karr, se vinculó al menos hasta hace seis años, tal y como explica el site de investigación Infodio.com.

Cuenta este reportaje que Neil Karr, quien por aquel entonces se identificaba como vicepresidente de Sancus Energy and Power, habría ofrecido en su registros de una empresa en Florida la misma dirección que habría usado el encargado de ventas internacionales de ProEnergy Services, Joaquin Mavares, cuando realizó una oferta de servicios a Derwick Associates.

Además, Joe C Bradford fue, entre 2009 y 2011, según los datos recogidos por este medio, gerente de operaciones de Gazprom, una de las estatales energéticas rusas, país que a la postre se convirtió luego en la gran aliada de los negocios del bolichico venezolano en sus incursiones dentro de la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

El registro de Gesca brinda más detalles. La sociedad que fue constituida en Venezuela el 10 de febrero de 2005, tiene como accionista mayoritario a Bay Energy Services, LLC, firma del estado de Delaware que fue registrada en esta entidad el 26 de enero de 2005, 15 días antes de  registrarse el acta constitutiva de Gesca en Venezuela.

Como se sabe, en el estado de Delaware se ocultan millones de registros que bajo la sombra de las reglas comerciales que rigen esta jurisdicción no permiten acceder de manera detallada a los datos de Bay Energy Services, LLC, como sí es posible en el registro de la franquicia homónima que sólo unos días después fue constituida en el estado de Nevada, el cuatro de febrero de 2005. Esta última sólo estuvo activa hasta final de ese año.

Este registro muestra a Joe Bradford, al magnate petrolero Kenneth Fubara Yellowe, hombre de grandes inversiones en África por medio de su consorcio Global Energy Incorporated y a otro individuo identificado como Ibrahim Ali Amin como los oficiales de la sociedad, dueña del 35% del paquete accionario de Gesca en Venezuela.

Yellowe también aparece en la Junta Directiva de Gesca. Considerado magnate petrolero y propietario de Global Energy Incorporated  se aventuró en ese 2005 a establecer una subsidiaria de su empresa en su natal Nigeria y arrendó un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga de varios millones de dólares conocido como Berge Okoloba Toru. Es copropietario del campo de gas marginal Akepo en el delta del Níger. Registros públicos le muestran vinculado a alrededor de una docena de empresas la mayoría inactivas, constituidas en el estado de Texas.

Kenneth Yellowe y Joe Bradford, como se dijo, socio de Alejandro Betancourt, mantienen activas tanto la sociedad constituida en Delaware como otro branch establecido en Texas. En esta última no aparece el nombre del tercer socio, registrado en la sociedad de Nevada como Ibrahim Ali Amin.