(Interactivo) El mapa de la tormenta: presos, evadidos y nuevas designaciones marcaron el 2017 de Pdvsa
Por: Fiorella Perfetto — Víctor de Abreu
Expresa en el texto llamado “La Tormenta” que “el comandante Chávez estaba al tanto, con mucho detalle, de los problemas que podría llegar a confrontar Pdvsa. Él sabía que Pdvsa tenía una fuerte carga sobre sus hombros, debido a que era imperativo que, dada sus capacidades y despliegue en el territorio nacional, asumiera tareas, muchas veces de emergencia, mientras se creaban o fortalecían las instancias correspondientes del Estado”.
Pero entonces surgió “el tema cambiario” que a decir de Ramírez, “el costo del diferencial lo absorbía la empresa. Esto no solo nos encarecía los costos de producción sino que afectaba el flujo de caja y deuda con proveedores. Por otra parte, tuvimos que emitir deuda para respaldar una política cambiaria que no terminaba por revisarse y mantener el llamado “implícito” a un nivel establecido como objetivo por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas”.
Es un hombre limpio de culpas, o al menos, así se describe: fiel a los principios revolucionarios y al camino que marcó el fallecido presidente Hugo Chávez. En todo caso, los errores en la toma de decisiones a lo interno de la industria petrolera venezolana o en el ámbito económico son sólo responsabilidad del actual Gobierno.
“Al final de ese período, entre octubre de 2013 y agosto de 2014, no se obtuvo el apoyo necesario para avanzar en un conjunto de medidas que, resultado de un arduo trabajo de nuestro equipo en Pdvsa, la estrecha colaboración del Banco Central de Venezuela y otros especialistas, todos vinculados a la gestión del comandante Chávez”, dice Ramírez, a propósito de lo que considera fue el resultado de su designación como vicepresidente en el área económica por parte de Maduro.
Nada le toca. No existe mácula que le vincule, por ejemplo, con sonados casos como la detención en Estados Unidos de seis venezolanos, entre exfuncionarios de la estatal y contratistas como Roberto Rincón y Abraham Shiera — que reconocieron haberle desfalcado a la Nación al menos un billón de dólares, bajo la mirada de Ramírez al frente de Pdvsa, por medio de la obtención de jugosos contratos asignados al sobornar a altos directivos de la principal industria del país.
Sin embargo, Ramírez sí tomó tiempo para ripostar a lo que consideró un ataque de la ministra de Prisiones, Iris Varela, quien a juicio del ex zar del petróleo, habría menospreciado su “talante revolucionario”. Y así se lo hizo saber a quien desde el palco madurista refutó lo allí descrito. “Quien me ataque a mí debe pensar un poquito, solo un poco, porqué Chávez me tuvo 12 años a su lado. Pero, además, cuando estaba muriendo solo llamo a cuatro y YO estaba allí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mí. Viva Chávez! Venceremos!”
En todo caso, contrasta el mutis del otrora hombre fuerte de Chávez con el ruido ensordecedor del uso de los fondos de pensiones de los extrabajadores de la estatal por el cual fue condenado en Estados Unidos Francisco Illaramendi por la aplicación de un esquema Ponzi, el desvío de los fondos de mantenimiento de la industria, o las turbias operaciones de seguros y reaseguros de Pdvsa, manejados por su primo Diego Salazar Carreño, que salieron a la luz tras la explosión de la refinería de Amuay, hecho ocurrido en agosto de 2012.
Lee más: La explosión de Amuay cubrió de sombras la cobertura de seguros de Pdvsa
Tampoco hay mención a los venezolanos vinculados al caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), en el que se incluye a Salazar y a Nervis Villalobos, entre otros, este último detenido recientemente por la Guardia Civil española por este caso, producto de una investigación internacional que le hizo seguimiento a estos ciudadanos acusados de ser parte de una gigantesca operación de lavado de dinero sucio derivado de la estatal venezolana.
Nada cita Ramírez sobre las irregulares contrataciones por sobornos y esquemas corruptos para sobrefacturar seguidos por Joseph Benoudiz o la irregular contratación de arrendamiento de la gabarra Aban Pearl que, como consecuencia de su hundimiento, salió a flote el pago con sobreprecios en el alquiler del equipo; mucho menos hace mención al caso Pdval, que involucra numerosos entramados de corrupción ocurridos durante su mandato al frente de la industria, entre 2004 y 2014, cuando Pdvsa diversificó su estructura “para garantizar el abastecimiento de alimentos en el ámbito nacional”, medida que derivó en cientos de contenedores con alimentos descompuestos y muchos bolsillos llenos.
A pesar de los más de 13 años que han transcurrido desde que comenzaron a documentarse estos y otros tantos casos de corrupción y daño al patrimonio de la Nación, ningún poder del Estado, el fallecido presidente Hugo Chávez o el actual mandatario Nicolás Maduro, actuaron para detener el asalto masivo a las arcas del país, hasta ahora.
Lo que se desconoce es la razón por la que desde mediados del pasado año y con más énfasis en 2017, el régimen decidió proceder discrecionalmente contra algunas figuras vinculadas a muy puntuales casos de corrupción, aunque Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente ya ha dicho que las investigaciones siguen hasta hacer buenas las palabras de Maduro de “limpiar y restructurar a Pdvsa”.
Se elaboró un mapa que recoge las actuaciones que durante este año han derivado en nuevas asignaciones en los cargos de la alta gerencia, tanto de Pdvsa como de sus filiales, así como también la nueva conducción del Ministerio del Petróleo y Minería, además de las aprehensiones y órdenes de capturas contra evadidos de la justicia por estar incursos en presuntos hechos de corrupción.
La línea de tiempo
Enero. La llegada del vicepresidente y lo que vino después
Fue en el Cuartel de la Montaña desde donde el cuatro de enero de 2017, el mandatario nacional lanzó lo que dio por llamar “la agenda ofensiva Carabobo 2017–2018”. Allí, designó a Tareck El Aissami como vicepresidente de la República en sustitución de Aristóbulo Istúriz, en lo que sería un claro mensaje de radicalización del régimen chavista.
La entrada al alto gobierno del exgobernador de Aragua fue la asonada de lo que estaría por venir, y sus palabras así lo confirman. “Hay que reivindicar el concepto de revolución. Es el momento de comprender el tiempo histórico que estamos viviendo y cambiar todo lo que haya que cambiar”, dijo, a lo que el presidente Maduro respondió con una advertencia hacia sus “enemigos” y todo aquel que tenga “planes de un golpe de Estado”: “pónganse las pilas, terroristas de ultraderecha, porque los vamos a desmantelar a toditos. Ya basta de que sigan echando broma a la estabilidad del país. No me importa el cargo que tengan, compadre, Tareck, vamos con todo contra los terroristas, los criminales, los extremistas. Con todo compadre”.
Ese mismo día, Maduro designó a Nelson Martínez (quien perdió la vida en los calabozos de la policía chavista) como nuevo ministro de Petróleo y Minería, en sustitución de Eulogio Del Pino, quien permaneció al mando de la presidencia de Pdvsa paralelamente a la cartera ministerial. Martínez había sido presidente de Citgo desde el 23 de mayo de 2013 hasta esta fecha.
Asimismo, el 10 de enero de 2017, el mandatario nacional anunció la designación del teniente coronel Rubén Ávila Ávila como nuevo presidente de Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), en sustitución de Juan Carlos Depablos. Que el castrense, que fue conocido por ser quien condujo la tanqueta que abrió las puertas de acceso al Palacio de Miraflores durante el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, dirija la industria petroquímica es sólo una etapa de la “reestructuración y reorganización administrativa, operativa y funcional de Pequiven”, para lo cual se creó una Comisión el día anterior a la designación de Ávila, publicada en Gaceta Oficial N°41.070. Natacha Castillo de Jaua, esposa del hoy ministro de Educación Elías Jaua, le acompaña en la presidencia del ente.
En esa oportunidad, El Aissami informó que Juan Carlos De Pablos fue removido de su cargo como presidente de Pequiven por presuntamente estar involucrado en hechos corrupción. “Hace pocas horas el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado de atención al jefe de una empresa del Estado venezolano, se descubrieron hechos graves de corrupción. Ha sido destituido el presidente de Pequiven, está detenido para que rinda cuenta de los hechos irregulares que ahí se encontraron”, dijo.
Rubén Ávila Ávila pertenece a la promoción 1985 del Ejército “General de Brigada Lucas Carvajal”. Compartió sus años de formación militar con el recién nombrado ministro de Alimentación, Carlos Osorio, el diputado por el partido oficialista, Pedro Carreño, el también recién nombrado ministro de Transporte, mayor general Juan de Jesús García Toussaintt, y el alférez mayor de esa promoción, el ex gobernador del estado Mérida Florencio Porras.
Al cierre de este mes, el presidente Maduro dio a conocer los integrantes de “la nueva Junta Directiva de Pdvsa” durante su programa “Los domingos con Maduro”. “La nueva junta estará encabezada por Eulogio Del Pino, ratificado como Presidente de la empresa, quien trabajará junto a Maribel Parra, vicepresidenta Ejecutiva; Nelson Ferrer, vicepresidente de Explotación; Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Internacionales; Guillermo Blanco Acosta, vicepresidente de Refinación, Ysmel Serrano, vicepresidente de Comercio y Suministro, y Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas”.
Febrero. Comienza la cacería
La entrada a la industria de Ysmel Serrano como vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa sugiere algo más que cambio gerencial. No es cualquiera dentro de la estructura de poder del vicepresidente de la Nación, Tareck El Aissami. Es uno de sus más cercanos colaboradores, desde la época como estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA).
A partir de entonces, Serrano ha seguido el camino marcado por El Aissami en su vertiginoso ascenso a los más altos estratos del poder: Onidex, Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la Gobernación de Aragua calcan el camino del merideño tras los pasos del segundo al mando en el país. Su reciente designación para ocupar un alto cargo dentro de la estatal petrolera venezolana fue una señal de que la promesa de “reivindicar el concepto de revolución” comenzaría por Pdvsa.
A un mes de la designación de El Aissami como vicepresidente de Venezuela, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a tres funcionarios de Pdvsa, entre ellos a Lorenzo Aguilera Rodríguez, director Adjunto de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Lea también: Es el terrorismo, estúpido: el punto caliente de la transición en Venezuela
Un día después, el 5 de febrero de 2017, funcionarios de inteligencia actuaron en el oriente del país donde realizaron allanamientos a las residencias de Pedro León, director Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco y algunos allegados al funcionario chavista. Versiones de periodistas de la región oriental afirmaron entonces que las autoridades también habrían visitado las residencias de Nelson Bustamante (padre) y Carlos Esteban Urbano Fermín, propietario junto a sus dos hermanos de una empresa llamada Cuferca, contratista de Pdvsa y vinculada al ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín.
Horas después, se conoció que León habría escapado del país por vía marítima, mientras que los hermanos Carlos Esteban Urbano Fermín, Carlos Eduardo y Carlos Enrique, continuaban evadidos de las autoridades.
El 13 de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a Tareck El Aissami bajo la figura de Kingpin, categoría que refiere al individuo que es líder de alguna organización presuntamente incurso en actividades relacionadas con narcotráfico. “El señor El Aissami facilitó los cargamentos de narcóticos desde Venezuela”, explicó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (Ofac). Link aquí
El 26 de febrero de se año, se realizó otro operativo de inteligencia que resultó en la detención del superintendente de Ingeniería de Instalación del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, Ramón Antonio Castillo Vargas, además del gerente general del complejo ubicado en el oriente del país, Jesús Cornelio Osorio Virgüez, por presuntamente estar vinculado con el sobreprecio de la adquisición de monoboyas para la carga de buques petroleros. Estos empresarios fueron por muchos años contratistas de Pdvsa, con la anuencia de altos funcionarios dentro de la industria. Tres semanas después, el 20 de marzo, le tocó el turno al empresario Miguel Ángel Castillo Lara, acusado de corrupción para la obtención de contratos con la estatal petrolera venezolana.
Marzo. Golpe a la Constitución y la creación de empresas mixtas a gusto del Ejecutivo
Al cierre del mes de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias 155 y 156 que allanaron el camino para dejar a discreción del Ejecutivo la constitución de empresas mixtas, sin necesidad de someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición. Bajo el amparo de esta normativa, el Ejecutivo aprobó la constitución de la empresa mixta Perforosven, sociedad establecida entre Pdvsa y Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas (Ipisa), una empresa cuyo representante está vinculado a casos de lavado de capitales en España.
Lee más: Sentencias del TSJ permitieron sociedad entre Pdvsa y empresa vinculada a lavado de dinero
Estas sentencias fueron catalogadas por miembros del Parlamento como un golpe a la Constitución y a las leyes, al relevar de sus funciones contraloras naturales al Poder Legislativo. La voz “disidente” de la fiscal Luisa Ortega Díaz, una de las figuras más emblemáticas del chavismo, se unió al concierto nacional de rechazo a las sentencias inconstitucionales. Este hecho marcó el inicio de poco más de cuatro meses de protestas en todo el territorio nacional, que dejaron un saldo de más de 140 muertos, cientos de presos políticos y miles de heridos.
Luego de rechazar esta medida, Ortega le dio la espalda al régimen tras 10 años al mando del Ministerio Público y, desde allí, impulsó una serie de acciones en contra de altos funcionarios y empresarios vinculados a Pdvsa. Es así como el 29 de marzo ordenó la privativa de libertad contra el gerente de Comercio Internacional de Pdvsa, Marco Antonio Malavé, por estar presuntamente incurso en irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible desde el mercado internacional.
Abril. “La línea roja” de Rafael
A finales de abril, fue oficializada la designación de José Ángel Pereira Ruimwyk, como presidente interino de Citgo, resolución que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 41.137, de fecha 26 de abril de 2017. Pereira ocupó la vacante dejada por Nelson Martínez a principios de año, tras ser designado ministro Petróleo y Minería. Antes de ocupar el cargo como titular de la filial de refinación y comercialización de productos derivados del petróleo en Estados Unidos, se desempeñó como vicepresidente de Finanzas de la filial desde 2013.
El régimen continuó su proceso hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las voces disidentes llegaron, incluso, desde la máxima autoridad de la representación de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. Rafael Ramírez, el ex zar del petróleo y hasta el pasado cuatro de diciembre al mando de esta misión diplomática, publicó una carta abierta llamada “La línea roja”, en la que, además de advertir sobre los peligros que se ciernen sobre la Nación de convocarse a la ANC, atacar el capitalismo, o acusar el esquema de dominación norteamericana, se ocupó de resaltar las profundas diferencias entre Chávez y el actual régimen madurista.
Lea también: EE.UU sancionó a Tareck El Aissami por vínculos con narcotráfico y terrorismo
“Se convoca a un proceso Constituyente para resolver una situación política que no tienen su origen en la Constitución. Si lo que se quiere es abrir un espacio para destrancar el proceso político y derrotar la violencia, tenemos que asumirlo entendiendo que ese es el objetivo y no otro, por lo que se debe establecer una línea roja, la línea de Chávez, para proteger los fundamentos de nuestra Carta Magna. Existe un riesgo, puesto que la situación política y la correlación de fuerzas son completamente distintas a las que prevalecían en el proceso constituyente de 1999, debemos impedir que se produzca un retroceso”
Mayo. Continúan las actuaciones de la fiscal “disidente”
El 23 de mayo de 2017, la Fiscalía General de la República, aún en manos de Luisa Ortega Díaz, informó sobre la detención de Francisco Javier Velásquez, gerente del mejorador de crudo de la empresa Petropiar, “por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos con recargo en el precio de bienes y servicios de esta empresa mixta”. Se le acusa de concierto de funcionario con contratista, evasión de procesos licitatorios, uso de documento público falso, peculado doloso y asociación para delinquir. El caso fue “desempolvado” por el Ministerio Público. La denuncia interna sobre las presuntas irregularidades en contrataciones de bienes y servicios habría sido interpuesta en 2015.
La Fiscalía no detuvo la ola de actuaciones en contra de determinados funcionarios de la estatal petrolera. El 26 de mayo, el órgano judicial dictó medida privativa de libertad contra el ex gerente general de procura de Bariven, Ramiro Farit Rodríguez, por presuntamente incurrir en la contratación ilegal para la compra de dos monoboyas en el complejo José Antonio Anzoátegui.
Junio. Cambios en el gabinete, al calor de la represión en las calles y llegan noticias desde Europa
Durante el mes de junio, el Ejecutivo realizó numerosos movimientos ministeriales, algunos de ellos motivados por la salida de sus titulares con aspiraciones a integrar la Asamblea Nacional Constituyente, otros como medidas para contener un país envuelto en protestas, represión y muerte.
El presidente Maduro designó al mayor general Juan de Jesús García Toussaintt como ministro de Transporte y al almirante Orlando Maneiro como titular de Pesca y Agricultura. El general de división Pascualino Angiolillo Fernández, quedó al mando de la secretaría general del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), mientras que Freddy Bernal asumió el ministerio de para la Agricultura Urbana. Pedro Infante pasó a ocupar la cartera ministerial de Juventud y el Deporte y el viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana le fue entregado al general de división (GN) Alexis Escalona Marrero. Los cambios se extendieron a las comandancias de las Regiones de Defensa Integral (RDI) y otros sectores militares, en plena efervescencia de las protestas en el país.
A finales de este mes, Portugal sería noticia luego de que la estatal petrolera venezolana anunciara “acciones legales por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo (BES), en las que podría haber lavado de dinero y en las que pudieran haber incurrido ex trabajadores de la estatal y sus filiales”.
Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2014, época en la que Rafael Ramírez presidía la estatal. “Los órganos de la administración de justicia portuguesa investigan una supuesta apropiación de fondos de la corporación (PDVSA), que habrían sido canalizados por la mencionada institución financiera (BES) durante 2009 y 2014”, se lee en un comunicado de Pdvsa, según cita El Nacional.
En la nación lusa se habrían llevado a cabo registros o allanamientos “a petición de la Justicia de Portugal, que investiga el presunto desvío a ese país de al menos seis millardos de dólares de Pdvsa, que fueron a parar a directivos del ministerio de Energía venezolano. Los registros se llevaron a cabo en cuatro domicilios de ciudadanos venezolanos y en una habitación de un hotel de lujo de Madrid, coordinados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela”, según recoge el rotativo.
Julio. Figuras emblemáticas en jaque y el Tío Sam contraataca
El 11 de julio, la fiscal Luisa Ortega Díaz sorprendió nuevamente al citar en calidad de imputado a Orlando Chacín, “por presuntamente haber incurrido en procesos irregulares para la adquisición de vehículos mientras era director de exploración de Pdvsa Oriente”. Chacín no fue el único en caer en la lista: otros cinco funcionarios de Petropiar también fueron incluidos por presuntas irregularidades en procesos de licitación y contratación, entre ellos al actor Manuel “Coco” Sosa y el vicepresidente de Petropiar, Alí Ramos.
El 26 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva lista de funcionarios del régimen chavista que pasarían a integrar la lista de sancionados por la nación estadounidense, esto como medida de presión para evitar la instauración de la ANC y en respuesta a los métodos de represión usados desde el alto gobierno para aplacar las protestas que se escenificaban en el país.
Elías Jaua, jefe de la comisión presidencial para la ANC, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Simón Zerpa Delgado, vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal Pdvsa, la ex ministra de Asuntos Penitenciarios y miembro de la comisión para la Constituyente, Iris Varela, el entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Sergio Rivero Marcano, el comandante del Ejército, Jesús Suárez Chourio, el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Franklin García Duque, y el ex tesorero de la Nación, Carlos Erick Malpica Flores, quien además es sobrino de la primera dama del país, Cilia Flores.
No solo Rafael Ramírez sacudió la opinión pública. Lo propio hizo el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, al reconocer ante la Cámara Petrolera de Venezuela que la estatización de empresas que operaban en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo fue un error. “Hay que ir hacia un modelo donde exista mayoría de capital privado”, dijo en la reunión gerencial que se llevó a cabo el 28 de julio. Ramírez atacó duramente las declaraciones de Del Pino, quien prefirió no atizar la llama de la controversia.
Agosto. El fiscal designado y un “swap” petrolero
El cinco de agosto y durante la primera sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) destituye a Luisa Ortega Díaz de su cargo al frente del Ministerio Público y nombra al, hasta entonces, defensor del pueblo Tarek William Saab como su sucesor.
Vendría un nuevo enroque dentro de la industria petrolera. En la Gaceta Oficial N° 41.221 de fecha 24 de agosto de 2017, fueron publicados dos decretos de la Presidencia de la República, mediante los cuales se nombra a Eulogio Antonio del Pino Díaz, como ministro de Petróleo y Minería y a Nelson Pablo Martínez, presidente de Pdvsa. El mandatario nacional dijo que el intercambio sería para el “fortalecimiento de los equipos”.
Un par de días más tarde, sería el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien daría el portazo a las posibilidades de maniobra del régimen por medio de Pdvsa, “al prohibir las negociaciones de deuda nueva y capital, tanto de PDVSA como del Estado venezolano, así como nuevas emisiones de deuda”.
Esta imagen interactiva ha sido creada con ThingLink.
Visualizar esta imagen en thinglink.com.
Septiembre. El regreso del hijo pródigo, funcionarios tras las rejas y Estados Unidos también habló
El 2 de septiembre, la opinión pública conoció que el director ejecutivo de la Faja del Orinoco, Pedro León, evadido de la justicia desde inicios del año, habría regresado al país en un vuelo proveniente de República Dominicana, donde presuntamente se encontraba desde que escapó de las autoridades. Un regreso que solo ha despertado especulaciones. A su llegada fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), amparados en una orden de aprehensión dictada por el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.
Según informaciones recopiladas, “la decisión estaría motivada a lograr acuerdos con el gobierno nacional y desprestigiar a la fiscal Luisa Ortega Díaz”, a decir del periodista Alexander Duarte, en su cuenta en Twitter (@Alexei1090). “Además, el comunicador precisó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, habría ordenado paralizar las investigaciones en contra de León”.
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, inició su gestión con la detención de ocho gerentes de Pdvsa Occidente “implicados en el sabotaje a la empresa mixta Petrozamora”. Los detenidos, de una larga lista que estaría por venir, fueron Gustavo José Malavé, director ejecutivo de Producción Occidente; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción Occidente; Héctor Roque Ramírez, gerente de Operación Integral de Planta; César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente; Adolfo Torres Vargas, gerente general de Producción Occidente; Henry Sánchez Mora, director de Costa Oriental del Lago; José Manuel Marín, gerente regional de Occidente; Juan Barreto Ramos, gerente de Operaciones Producción Occidente y Bernardo Atencio, ex director adjunto de Producción Occidente, este último prófugo de las autoridades.
“Los detenidos fueron puestos a la orden del Juzgado Segundo de Control extensión Cabimas, en el estado Zulia, al momento de su aprehensión, y posteriormente fue fijado como sitio de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Las averiguaciones sobre este caso iniciaron hace una semana a partir de una serie de irregularidades denunciadas por Petrozamora”
Los delitos tipificados en este caso fueron: tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, obstrucción de la libertad de comercio, peculado doloso y peculado de uso, daño a la industria petrolera con siniestro, previstos en la Ley contra la Corrupción, Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El 20 de septiembre le tocó el turno a los otrora contratistas de Pdvsa y aliados de Pedro León. El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dictó privativa de libertad contra Carlos Esteban Urbano Fermín por presuntos hechos de corrupción en los contratos de la empresa dirigida por él y otros dos hermanos (Cuferca), en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sus hermanos, Carlos Eduardo y Carlos Enrique Urbano Fermín se encuentran prófugos de la justicia, según denunció el fiscal general.
Octubre. Al “Coco” le llegó la hora, Chacín al cadalso, nuevas designaciones y suenan las piedras en la madre patria
El 4 de octubre, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron al actor Manuel “Coco” Sosa por presuntos hechos de corrupción en contrataciones públicas dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, negocios pactados entre empresas de su propiedad, como Suministros Gramal y la empresa mixta Petropiar. Saab informó al respecto que a Sosa se le habrían imputado cargos por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. El artista estuvo vinculado sentimentalmente con María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez.
Si bien la fiscal destituida por la ANC ya había adelantado gestiones contra algunos de estos funcionarios, sería Saab quien completaría las actuaciones por parte del Ministerio Público. Es así como el 26 de octubre fue detenido en sus oficinas en Pdvsa de La Campiña Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y ex vicepresidente de Exploración y Producción, además de 10 gerentes de Pdvsa. Chacín fue citado en calidad de imputado el 11 de julio por la fiscal Luisa Ortega Díaz.
“Chacín, quien se desempeñó como vicepresidente de Exploración y Producción de Pdvsa hasta enero de 2017, habría obstaculizado la transferencia de cinco campos petroleros, instalaciones, activos y personal de la gerencia de Coordinación Operacional, la gerencia de Operación Integral de Planta y la gerencia de División Lago, a la empresa mixta Petrozamora”, explicó Saab.
Ese mismo día, la Guardia Civil española detuvo a Nervis Villalobos Cárdenas, Rafael Reiter, César Rincón Godoy y Luis Carlos de León por su participación en una red de sobornos para obtener contratos en Pdvsa y la presunta participación en una red de lavado de capitales por medio de la Banca Privada de Andorra (BPA). La detención se hizo por solicitud de la justicia norteamericana.
Un día después, el 27 de octubre, el presidente Nicolás Maduro ascendió al vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa, como ministro de Economía y Finanzas. Al día siguiente, otros cuatro trabajadores de la estatal petrolera fueron detenidos por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Los funcionarios detuvieron a los gerentes Juan Gamboa, Irvin Barroso, Rafael Bracho y a la asistente Luandys Olivares, por el caso de presunto fraude en Petrozamora.
Lea también: Surgen nuevos datos sobre desfalcos a Pdvsa investigados por la Asamblea Nacional
Simón Zerpa venía de desempeñarse como vicepresidente de Finanzas, cargo al que fue designado a inicios de 2017. Entre sus predecesores se cuentan poderosos nombres vinculados al entorno de la familia presidencial como lo es Carlos Erick Malpica Flores.
Zerpa es, ante todo, hombre de confianza del presidente Maduro. Le acompañó en la Cancillería y forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), presidido por el asesor económico del presidente Maduro, Alfredo Serrano Mancilla.
Noviembre. Pdvsa bajo el dominio de El Aissami: puro poder y el fin de la era Del Pino — Martínez
El mes de noviembre abrió con nuevos anuncios sobre detenciones de funcionarios de la industria petrolera. Es así como Saab, comunicó al país la medida sobre otros tres altos ejecutivos de Bariven, entre ellos su presidente, Francisco Jiménez, el gerente de servicio técnico, Joaquín Torres y el analista de compras, Javier Sosa.
El día 13 de ese mes, Calixto Ortega Sánchez fue nombrado vicepresidente de Finanzas de Citgo, la filial de refinación venezolana y comercializadora de productos derivados. La noticia fue publicada en Bloomberg, portal especializado en el tema económico. Ortega Sánchez es familiar directo de Calixto Ortega Ríos, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y fue, además, asesor principal de Pdvsa.
Ese mismo día, el fiscal designado por la ANC informó sobre la detención de 10 personas vinculadas con supuestas irregularidades en la dirección ejecutiva de Exploración y Producción en Pdvsa Oriente, “centradas en la tergiversación de las cifras de producción de la planta, generando un desfalco a la estatal petrolera”.
“Se trata de Pavel Rodríguez, director ejecutivo de Producción y Exploración; Ana Mireya Ortiz de Salazar, gerente general de coordinación operacional de Exploración y Producción; Armando Rafael Serrano Mata, exgerente de la división Punta de Mata, actualmente presidente de Petrosinovensa; Víctor Manuel Laucho Rengifo, gerente de coordinación operacional División Punta de Mata; Douglas José Figuera Jaramillo, gerente de coordinación operacional División Furrial; Armando José Lara, gerente de producción División Punta de Mata; Luis Ramón Mendoza Guerra, ex subgerente operativo de la División Punta de Mata, quien para el momento de la aprehensión ocupaba el cargo de viceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte, pero dentro de los hechos investigados, aparece en esta etapa preliminar involucrado cuando fue subgerente operativo”, detalló el máximo representante del Ministerio Público asignado en dicho cargo por la Asamblea Nacional Constituyente.
Saab completó la lista con tres funcionarios más: Fran Manuel Ruiz Farías, analista de contabilidad; Vicente Ramírez Cordero, ingeniero de Procesos y Johan Mercedes Carrasquel Díaz, analista de contabilización. “El Ministerio Público se desplegó en los estados Anzoátegui, Monagas, Falcón y el Distrito Capital para lograr, en primer lugar, concretar la detención dentro de una trama sumamente delicada y peligrosa en exploración y producción de Pdvsa Oriente”, completó el funcionario.
Ocho días después, el 21 de noviembre de 2017, otros altos funcionarios de la filial venezolana Citgo, entre ellos su presidente fueron detenidos: José Ángel Pereira Ruimwyk, presidente de Citgo y otros cinco directivos fueron vinculados a irregularidades. Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano quedaron privados de libertad bajo acusaciones de corrupción.
A 24 horas de la detención del máximo directivo de la filial petrolera, el presidente Nicolás Maduro designó a Asdrúbal Chávez como nuevo presidente de Citgo, en sustitución de José Ángel Pereira Ruimwyk, quien como se dijo, fue aprehendido el día anterior junto a los otros cinco directivos de la empresa por presunta corrupción en la asignación de contratos.
El poder de la vicepresidencia ejecutiva de la República alcanzó también a las industrias básicas. Así, a partir del 24 de noviembre, Tareck El Aissami asumió el control de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y las empresas filiales, de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 3.176, publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.286.
El 26 de noviembre vendría el golpe definitivo. El presidente Nicolás Maduro designó al mayor general Manuel Quevedo como presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo. Sólo un militar antes de Quevedo — el general de brigada Guaicapuro Lameda — condujo la principal industria del país, dato de relevancia si se toma en cuenta que más del 65% del gabinete ejecutivo actual está en manos de funcionarios castrenses.
El objetivo, a decir del mandatario nacional sería “limpiar” la industria y aumentar la producción. “Me da asco y vergüenza que se le dé la confianza a una gente al frente de una empresa y terminen robando y vendiendo a la patria”, dijo Maduro, en referencia al ministro saliente y presidente de la estatal, Eulogio Del Pino. Un día después, se formalizó la designación del hombre de confianza de Tareck El Aissami, Ysmel Serrano, como vicepresidente general de Pdvsa. El abogado había asumido la vicepresidencia de Comercio y Suministro de la estatal en febrero pasado.
Quevedo no está sólo. A su lado está la almiranta Maribel Parra como vicepresidente ejecutiva de Pdvsa, pero además, el presidente Maduro designó ese 28 de noviembre a Alí Rodríguez Araque como presidente honorífico de Pdvsa.
Los anuncios y rumores no cesaron durante esta semana y nuevamente Rafael Ramírez pasó a ocupar los primeros espacios de la opinión pública. El 29 de noviembre, la agencia Reuters dio a conocer que el ex zar petrolero venezolano y luego diplomático habría sido destituido de su cargo como representante de Venezuela ante la ONU. Poco después la noticia fue desmentida por el funcionario.
Ese día se produjo también una detención masiva de funcionarios de la estatal petrolera venezolana. La lista la encabezó David José Cayama, un ingeniero electrónico con más de 13 años en la industria y quien se desempeñaba como gerente de Coordinación y Operacional de Pdvsa Occidente. Según informó Saab, “estas aprehensiones están vinculadas a hechos de corrupción en el Terminal Puerto Miranda, en el estado Zulia”.
La intempestiva salida de Eulogio Del Pino del gabinete ejecutivo y designación del mayor general Manuel Quevedo como súper ministro de la industria energética del país precedió el anuncio que el 30 de noviembre haría el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab. Por existir presuntos hechos de corrupción, Del Pino fue detenido. La operación también involucró al ex ministro Nelson Martínez, quien también fue privado de libertad por presuntamente estar incurso en irregularidades mientras estuvo al frente de la estatal petrolera. Martínez perdió la vida mientras estaba en custodia de la policía política del chavismo.
Diciembre. Ciao — Ciao Diego Salazar y Ramírez también
En la agenda del Ministerio Público también hubo espacio para Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez y quien es persona de interés en casos investigados tanto en España como en Estados Unidos. Así, el pasado primero de diciembre, Saab informó al país la captura de Salazar “por presuntamente haber manipulado transferencias bancarias a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) para defraudar a empresas del Estado”, el mismo caso por el cual los exfuncionarios Nervis Villalobos Cárdenas, Rafael Reiter, César Rincón Godoy y Luis Carlos de León fueron aprehendidos en España en octubre pasado.
El 3 de diciembre de este 2017, fue detenido poco antes de abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Maiquetía el empresario José Enrique Luongo, por su presunta vinculación en los hechos de corrupción cometidos por Diego Salazar.
El cuarto día de este mes, Rafael Ramírez formalizó su renuncia al cargo como representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una extensa carta que hizo pública lo dejó claro: su lealtad a Chávez permanecerá incólume por los siglos de los siglos. A partir de allí, algunos medios internacionales han recogido su opinión sobre lo que ocurre hoy en Venezuela, pero, de nuevo, nada le toca. “La corrupción es un problema extendido en todo el país”, afirmó el pasado siete de diciembre en una entrevista que realizó la BBC.
“Soy absolutamente inocente de cualquier cargo de corrupción. Más bien, he llevado una vida estrictamente apegado a la conducta de Chávez en cuanto a mi honestidad y mi transparencia. Hemos estado apegados a los más estrictos controles. No tengo nada que temer en cuanto a mi función en la administración pública”, dijo. Pero, en caso de haber algún hecho de corrupción, sería difícil que lo conociera. “Nuestra industria petrolera es un holding de 234 empresas y cada empresa tiene sus mecanismos de control. Entenderá que yo no podía estar pendiente de cualquier contratación. Son más de 100 mil contratos que se hacen permanentemente”.
