Money Flight: el caso de corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela

“Nos están golpeando desde la Asamblea, y no somos una piñata”, bromeó Carmelo Urdaneta, exconsultor jurídico del Ministerio de Petróleo venezolano, en una conversación con quien a la postre se convirtió en el principal colaborador de las autoridades federales estadounidenses que han destapado, bajo el nombre Operación Money Flight, una nueva trama de lavado de dinero y corrupción entre la estatal petrolera venezolana Pdvsa e importantes directivos y empresarios. La cita anterior, grabada el 19 de febrero de 2016, hace referencia a supuestas extorsiones de políticos venezolanos a los acusados para no destapar los hechos de corrupción en Venezuela. The Digger encontró reveladores datos y conexiones entre los acusados y empresas reconocidas en el país, además de vínculos del caso con negocios en otros países de Latinoamérica y Europa

Por: Fiorella Perfetto

Money Flight. Ese es el nombre dado a la operación encubierta que a partir de la delación de la llamada Confidential Source (CS) o fuente confidencial, emprendió la Fiscalía de Estados Unidos contra uno de los tentáculos más poderosos de esta suerte de hidra de la corrupción en la que se convirtió Pdvsa en las dos últimas décadas.

Además de los datos propios de la acusación, saltan otros no tan evidentes y complejos de entender para los federales, pero no para los venezolanos. “Hay datos aquí que son difíciles de interpretar para un abogado en Estados Unidos. No entendemos cómo es posible que un congresista o alguien de la Asamblea (en referencia a la Asamblea Nacional) puede extorsionar a un corrupto”, comenta un abogado estadounidense experto en crímenes de cuello blanco y que litiga en Texas.

Pero en Venezuela, lo grave es que casos como estos se han hecho costumbre. Son parte de la cotidianidad noticiosa nacional. Como este dato, hay otros que guían hacia empresarios, socios e incluso tramas de corrupción que trascienden fronteras de numerosos países. Comencemos.

El caso, paso a paso

El 24 de julio pasado la Fiscalía de Estados Unidos abrió el expediente en la Corte del Distrito Sur del estado de Florida, una vez se produjo la captura de dos de los acusados por conspirar para lavar al menos 1.200 millones de dólares provenientes, nuevamente, de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, Pdvsa. Hasta aquí pareciera tratarse de otro caso similar al que llevó a la cárcel a Roberto Rincón, Abraham Shiera y cinco coconspiradores más, por un hecho criminal similar.

Sin embargo, este caso parte de la delación de uno de los involucrados y es quien, una vez decide colaborar con las autoridades federales estadounidenses, obtuvo grabaciones de cientos de conversaciones con los acusados y conspiradores, además de entregar decenas de documentos que desenmascaran la otra cara de la corrupción venezolana: el control de cambio y la existencia de un valor preferencial de la moneda estadounidense que sólo aquellos con acceso a ella han logrado amasar billonarias fortunas y contribuir a la quiebra del país.

Es así como el pasado miércoles 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado anunciando la captura de dos presuntos participantes en un esquema de lavado de fondos malversados provenientes ​​de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa. El anuncio fue hecho por el fiscal general adjunto, Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Benjamin Greenberg, del Distrito Sur de Florida y el agente especial a cargo, Mark Selby, de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami.

Matthias Krull, de 44 años, fue capturado en Miami. “Es ciudadano alemán y residente panameño”, dice el comunicado. Sin embargo, Krull forma parte de la sociedad venezolana. El otro acusado es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, “ciudadano colombiano y estadounidense naturalizado. Ambos fueron acusados ​​formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero”.

A pesar de que el comunicado refiere la captura de dos de los implicados en la trama, sólo Krull ha sido presentado en la Corte y aparece en el docket con un abogado defensor asignado. Será este lunes 30 de julio que tendrá la audiencia de detención, mientras que la audiencia preliminar está pautada para el próximo 8 de agosto.

Estos ocho individuos no actuaron solos. Hay al menos nueve coconspiradores mencionados en el texto y tres oficiales venezolanos o extranjeros que ayudaron, por medio del uso de documentos falsos y empresas de maletín a dilapidar 600 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana como cancelación de un supuesto préstamo hecho a Pdvsa, que más tarde fue duplicado, el cual fue autorizado por altísimos funcionarios gubernamentales cómplices de la operación y que recibieron millonarios pagos por estas gestiones, que iniciaron en diciembre de 2014.

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El plan maestro, en pocas palabras

Los acusados elaboraron “un contrato de préstamo, con fecha del 17 de diciembre de 2014, entre Pdvsa y Rantor Capital, C.A”, una compañía fantasma venezolana. Rantor Capital, C. A. accedió a prestar 7.200 millones de bolívares a Pdvsa. Este contrato de préstamo fue ejecutado por el “Oficial Venezolano 1”, quien era vicepresidente de Pdvsa.

Luego, las obligaciones de Rantor Capital, C. A. fueron cedidas por medio de un contrato de asignación, con fecha del 23 de diciembre de 2014, a otra empresa llamada Eaton Global Services Limited, en las que Rantor Capital, C. A. asigna sus derechos como acreedor de Pdvsa en virtud del contrato de préstamo a Eaton Global Services Limited y en el que se contempla que a Pdvsa se le otorga el derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando 600 millones de dólares.

A partir de allí se elaboró una carta de notificación de asignación en la que Eaton Global Services Limited informa al “Oficial Venezolano 1” de Pdvsa, sobre esta asignación y sugiere que Pdvsa pague el préstamo de 7.200 millones de bolívares en euros, equivalente a los 600 millones de dólares estadounidenses. La carta incluía las instrucciones de transferencia de estos fondos a las cuentas de la “Institución Financiera Europea 1” en beneficio de Eaton Global Services Limited.

Entonces, Eaton Global Services Limited terminó con el derecho de pagar a Pdvsa cerca de 7.200 millones de bolívares (unos 35 millones de euros a la época) y recibieron alrededor de 510 millones de euros.

El portal Cuentas Claras Digital publicó un extenso análisis en el que muestra parte de este contrato y vincula las empresas al propietario del canal Globovisión, Raúl Gorrín, quien en esta acusación correspondería al señalado como “Conspirador 7”.

La acusación no deja lugar a dudas sobre cómo puede ser esto posible. Por ejemplo, si usted es un cleptócrata o corrupto a secas puede multiplicar escandalosamente su dinero en tan sólo un par de operaciones, claro, siempre y cuando tenga acceso a tocar la tecla correcta.

“Por ejemplo, en 2014, un individuo podría intercambiar 10 millones de dólares estadounidenses por 600 millones de bolívares a la tasa económica real. Entonces, si esa persona tiene acceso a la tasa fija del gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares EEUU, por la abismal diferencia entre ambas tasas. Esencialmente, en dos transacciones, esa persona podría comprar 100 millones de dólares estadounidenses por 10 millones de dólares”, dice la acusación.

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Los cerebros detrás de la operación

Llama la atención cómo los agentes federales y especial la Fiscalía de Estados Unidos echa mano de los términos usados por los venezolanos para identificar a un grupo de jóvenes que se conectaron con la estructura de Gobierno y, por medio de presuntas tramas de corrupción, se han convertido en poco tiempo en magnates de referencia mundial. Y así son descritos en esta actuación criminal.

Francisco Convit Guruceaga es un nacional venezolano. Convit junto al “Conspirador 2” a menudo son conocidos como “bolichico” o “boliburgués”.

José Vincente (Vicente) Amparan Cróquer, alias Chente es un nacional venezolano y lavador de dinero profesional. Amparan está asociado, junto con el “Conspirador 5” y “Conspirador 6”, a una empresa identificada como “Compañía Europea 1” en España, que es un frente de lavado de dinero operando como una empresa de inversión inmobiliaria. Amparan también mantiene relaciones con la “Institución Financiera Europea 1” ubicada en Malta, una empresa de inversión privada, que utiliza para lavar dinero.

Carmelo Urdaneta Aquí es un venezolano y exconsultor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela.

Abraham Edgardo Ortega es un nacional venezolano y exdirector de Finanzas de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa.

Gustavo Adolfo Hernández Frieri es colombiano de nacimiento y ciudadano estadounidense naturalizado desde 2013. Gustavo es un lavador de dinero profesional que usa sus firmas financieras, Global Security Advisors (GSA) y Global Strategic Investments, en Miami, Florida, para lavar dinero con inversiones falsas de fondos mutuales.

Hugo Andre Ramalho Gois es un ciudadano portugués, lavador de dinero profesional asociado con Emparan.

Matthias Krull es un ciudadano alemán y residente panameño. Krull era un banquero de alto nivel en un gran banco suizo, especializado en clientes venezolanos. Krull es el banquero personal del “Conspirador 7” y otros, además gestiona actividades de “banca” para numerosos oficiales venezolanos y cleptócratas.

Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara es un ciudadano de nacionalidad uruguaya. Gutiérrez es parte de un grupo propietario de al menos un banco de Estados Unidos que facilita el lavado de dinero y está asociado con Gustavo Hernández.

Los conspiradores 1 al 9 son algunos de los miembros adicionales sin cargo en la conspiración. Allí se incluyen exfuncionarios de Pdvsa, individuos asociados con Convit, miembros conocidos como “boliburgueses” y profesionales lavadores de dinero de terceros.

Los oficiales venezolanos 1 al 3 son funcionarios extranjeros (venezolanos)

Operación Money Flight: cuando el robo es grosero, incluso para un conspirador

En 2016, una “fuente confidencial (CS)” se acercó a las oficinas de investigación de seguridad nacional estadounidense en Miami o Homeland Security Investigations (HSI) para confesar su participación en el esquema de lavado de dinero, entregar los más de 78 millones de euros que había recibido y colaborar con la operación para desmantelar esta red de corrupción.

El dinero sucio se originó del contrato de préstamo con Pdvsa. A partir de entonces comenzó una investigación encubierta en la que participaron agentes contra el crimen organizado y las fuerzas de tarea para el Control de Drogas (Ocdetf) en la Operación Money Flight. El delator acordó usar un dispositivo de grabación y la operación comenzó con un enfoque inicial en los esfuerzos de los demandados para lavar una parte de los 78 millones de euros en el sur de Florida.

Dos años y más de cien grabaciones más tarde, la Operación Money Flight reveló una conspiración internacional para blanquear los fondos de Pdvsa a gran escala a través de Miami y con el uso de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero de terceros. La investigación reveló el uso de bienes inmuebles de Miami y sofisticados planes de inversión falsa para lavar cientos de millones de dólares.

Estos esquemas de lavado de dinero con falsas inversiones se utilizan en todo este proceso de conspiración, desde pagarés y bonos hasta falsas inversiones y fondos, que pueden suscribirse según sea necesario para justificar las transacciones. Apoyando estos esquemas de lavado de inversiones falsos hay cómplices que administraron ese dinero, firmas de corretaje, bancos e inversionistas inmobiliarios, que abarcan empresas en los Estados Unidos y otros países, operando como una red de lavadores de dinero profesionales.

Relaciones peligrosas

El delator entendió, tras recibir los más de 78 millones de euros, que esta operación no sólo se trataba de una transacción de cambio de divisas, sino una gigantesca operación de lavado de dinero.

“Urdaneta y Convit se acercaron a la fuente confidencial con una oferta para vender 100 millones de dólares. Este acordó hacerlo porque tenía clientes en Venezuela a quienes se los podía vender y además sabía que Convit obtenía dólares de contratos con Pdvsa”.

Pero los problemas comenzaron cuando el delator exigió a Convit y a Urdaneta la entrega de un documento que justificara el dinero. Lo que recibió fue el falso contrato de préstamo que involucraba a Pdvsa la empresa constituida en Hong Kong, Eaton Global Services Limited y la empresa de fideicomiso del delator, contrato que según explicó este a los agentes federales “nunca antes había visto”.

Es aquí cuando, según su relato, el delator comenzó a poner resistencia a seguir operando, hasta tanto no recibiera los documentos que justificaban el dinero. Por esto, finalmente Convit, Urdaneta y el delator se reúnen en noviembre de 2015 en Caracas, en las oficinas de Convit.

Antes de la reunión, Convit introdujo la figura de Juan Vicente Amparan, “quien estaba a cargo de los documentos financieros”.

En la reunión, Convit, Urdaneta, Amparan y el delator se sentaron alrededor de una mesa. Convit tenía una pistola que puso en ella. A su lado estaba un perro pastor alemán que portaba un collar de shock (son equipos usados con perros de ataque para controlarlos). Convit sostuvo el control remoto para el collar y comentó que no siempre podía controlar al perro. Había numerosos guardias de seguridad y de acuerdo a la fuente confidencial, el ánimo de la reunión fue de intimidación por parte de Convit”, dice el expediente.

En febrero de 2016, durante una conversación entre el delator y Urdaneta, este último le explicó que en ese momento estaban siendo muy golpeados, como una piñata, “desde la Asamblea”, en franca alusión a posibles chantajes que estarían recibiendo para no ser delatados.

El 22 de febrero de ese año, poco después de esa conversación, el delator grabó un encuentro con Ortega, quien reconoció que el “Conspirador 1” (un exfuncionario de Pdvsa) es parte fundamental de la operación.

Entonces podemos ser francos y abiertos el uno con el otro. Ahora. Usted sabe el origen de eso. Y eso viene de … de algo que todavía está haciendo ruido. Eso va a explotar un día. Quiero decir, tal vez no mañana, y también, no es el … nuestro amigo, el líder en todo esto, él está en todos lados todos los días.

Más adelante dice:

“Es toda esa mierda de la que han estado hablando, investigaciones y mierda. Están los estadounidenses analizando todo esto. ¿Es cierto? ¿Qué tan lejos puede llegar?. Pero dime, ¿qué tan lejos podrían llegar, en tu opinión?. Si por ejemplo llegan a los suizos y les dicen “quiero, quiero esta información”, entonces ¿tienen que dárselas?, interpeló Ortega al delator. Finalmente, analizaron algunos formularios de apertura de cuentas y discutieron cómo Ortega podía evitar declararse como una persona políticamente expuesta (también conocida como PEP) en los documentos del banco.

Poco después, el grupo discutió la forma como sería distribuido el dinero y los pagos a los funcionarios y personas involucradas en la operación. Al menos 300.000 dólares fueron a parar a las arcas del “Conspirador 1”.

El expediente describe uno de los correos electrónicos de septiembre de 2015, que circuló entre Amparan y los “Conspiradores 5 y 6”. En él se explica cómo se distribuyó el dinero proveniente de Pdvsa:

El correo, con el asunto ‘’Números del Conspirador 7’’, incluye un archivo adjunto titulado ‘’Operación 600k”, que contiene las siguientes hojas de trabajo:

Una hoja de trabajo titulada “Ingresos detallados de Pdvsa” muestra 10 transferencias de Pdvsa desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015, totalizando 511.913.270,74 euros.

Una hoja de trabajo titulada “Resumen de la operación 600” muestra que, de los 511 millones de euros: se asignaron 20.476.530,83 a la “Institución Financiera Europea 1” como pago de una tarifa del 4%. Un total de 227.265.537,52 euros fueron para el “BOLI” (Convit y el “Conspirador 2”), mientras que 159.085.876,26 euros fueron para “CHAMOS” (los hijastros del “Oficial Venezolano 2”). Un total de 68.179.661,26 euros se le asignaron al “Conspirador 7”. Los 36.905.664,87 euros restantes se contabilizaron como el “costo” del préstamo de 7.200 millones de bolívares con Pdvsa”

Un tercer documento es una hoja de cálculo adicional que explica la forma como estas transferencias fueron hechas. El “BOLI”, por ejemplo, movió más de 78 millones de euros hacia la cuenta del delator, mientras que el resto del dinero circuló a través de compañías fantasmas aparentes, llamadas Volbor, Vontobel y Vencon Holding. El “Conspirador 7” envió docenas de transferencias en dólares estadounidenses a través de bancos en Malta y Austria, incluidos los servicios de aviación y yate, así como también a empresas de corretaje en Miami, Florida

Explica la acusación que el “Conspirador 7” es “otro miembro multimillonario reportado como un “boliburgués” y dueño de una red de televisión en Venezuela.

Al menos una de las empresas que hace mención el documento — Volbor Trading, LTD — se presentó como una de las aliadas al grupo O´Hara Administration, empresa constituida en Panamá y cuyo líder es Alejandro Betancourt López, quien al igual que Convit se dieron a conocer como socios de Derwick Associates, empresa que favorecida con millonarios contratos por parte del régimen chavista.

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La sociedad de ambas pretendió apropiarse de la petrolera canadiense Pacific Rubiales, tras esta ir a la quiebra en una controvertida operación denunciada por los antiguos socios de la empresa energética, en mayo de 2015, época en la que sucedieron los hechos por los cuales la Fiscalía de Estados Unidos hoy acusa a estas personas de lavado de dinero y fraude. Los  “bolichicos” fueron denunciados en Colombia por lavado de activos, según informaron medios locales en aquel entonces.

Es frecuente que los lavadores de dinero profesionales o aquellos que pretenden cometer algún delito de corrupción, constituyan empresas con nombres similares a empresas de prestigio internacional para dificultar aún más cualquier investigación que se realice sobre sus operaciones. Así lo hizo en su momento el venezolano Wilmer Ruperti, por lo que tuvo que afrontar una millonaria demanda del gigante ruso Novoship por este motivo.

Otros casos como el de Joseph Benoudiz, contratista de Pdvsa que “clonó” el nombre de una gigante china fabricante de tuberías para ganar el favor de contratos con la estatal petrolera venezolana o incluso en esta acusación en la cual se menciona una empresa de nombre Vontobel, el mismo nombre, pero seguramente con una identidad jurídica distinta al prestigioso banco suizo, creado en 1924, pululan en los esquemas de blanqueo de capitales.

Este “estilo” de imitar nombres de empresas reconocidas fue también adoptado por otro de los acusados. El colombo-americano Gustavo Adolfo Hernández Frieri entró en escena tras la insistencia del delator de arreglar el entuerto hecho con los documentos falsos usados para explicar la obtención de 600 millones de dólares. Hernández es residente americano y ofreció dos de sus empresas para llevar a cabo una operación que permitiera limpiar el dinero. “Explicó que operarían con un fondo mutuo falso que recibe dinero de un pago hecho para parecer una inversión, pero en realidad este fondo sería eliminado. Haremos las transacciones de tal manera que la compra se vea legítima”, cita el documento.

El nombre de las empresas constituidas por Hernández Frieri en Estados Unidos provocó no pocas reacciones en su país de origen. Una de ellas, Global Securities Advisors (GSA) es el alter ego de una colombiana en la que Hernández figura como directivo, pero nada tiene que ver con la que este registró en Miami, Florida. Una de las menciones más importantes del expediente le relaciona con el narcotráfico internacional.

Hernández Frieri es abogado, con una maestría en Economía Política. Reseña el diario colombiano El Tiempo que este se presenta en las redes como presidente de un grupo de inversionistas internacionales y accionista de Global Security Advisors de Colombia, además de director del programa llamado Italian Wine Merchants y “Un Techo Para mi País”, un programa de ayuda para los pobres de Colombia. Este tipo de organizaciones de ayuda sociales son también muy usadas por lavadores de dinero profesionales con influencia en sus países de origen. Fue además profesor de prestigiosas universidades colombianas.

Refiere el diario colombiano que el abogado figura, según los datos de la Superintendencia Financiera de ese país, como presidente de la sucursal de la comisionista de bolsa que funciona bajo el nombre de Global Securities S. A., pero la empresa emitió un comunicado en el que desconoce cualquier relación con las operaciones que Hernández haya realizado desde Estados Unidos.

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Una aerolínea venezolana entra en la trama

Entonces, mientras Amparan trabajaba tanto para reemplazar el contrato falso con versiones mejoradas para justificar al delator las transferencias iniciales y al mismo tiempo lavar la porción de dinero de Urdaneta, Hernández Frieri estructuraba una operación para lavar la porción de Ortega de los fondos de Pdvsa a la vez que se asociaba con Matthias Krull para blanquear fondos adicionales de Pdvsa que originalmente no fluyeron a través del delator.

Así, los acusados siguieron en la búsqueda de una solución para fabricar documentos que justifiquaran la operación. En una conversación grabada por el delator, el “Conspirador 4” (vinculado a Convit y anteriormente a Pdvsa), sugirió una reunión en Caracas con todas las partes involucradas.

El 13 de junio de 2016, el delator se reunió con Amparan en Venezuela y ejecutaron el reemplazo de los contratos falsos. Una compleja estructura que involucró la empresa Rantor Capital, C. A., un fideicomiso del delator y otras compañías entraron en los documentos para justificar la operación.

El 22 de junio de 2016, Amparan envió al delator un correo electrónico con un contrato de préstamo falso entre la empresa Solar Cargo, INC y Rantor Capital, C. A., para complementar los contratos falsos de reemplazo. El 5 de septiembre de 2016, Amparan envió la falsificación final del contrato entre Solar Cargo, INC, y una empresa perteneciente al delator. Todos estos reemplazos falsos de los contratos los hicieron retroactivos hasta principios de 2014.

Amparan explicó en la reunión grabada que él trabaja para Solar Cargo, INC, empresa que tiene seis aviones operando, y que Pdvsa la había contratado recientemente para trasladar medicinas de Irán a Venezuela.

En el rastreo hecho por The Digger se encuentra efectivamente la empresa Solar Cargo, INC, constituida en el estado de Florida el 16 de marzo de 1999. Pero su nombre original no es Solar Cargo, INC, sino “Aserca Airlines Cargo, INC”, con una sola persona como accionista y registrador de nombre Adolfo Moreno.

El 9 de agosto de 2001 el nombre de la sociedad cambió a “Santa Bárbara Airlines Cargo, INC”. Finalmente el 28 de mayo de 2008 pasa a llamarse Solar Cargo, INC.

La aerolínea venezolana Santa Bárbara Airlines anunció el cese de sus operaciones el pasado 4 de mayo después de sucumbir a la severa crisis financiera, según se explicó en la cuenta oficial de la compañía, y tres meses después de que Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) suspendiera su certificado de explotación de transporte aéreo. The Digger trató de comunicarse con los exdirectivos de la compañía pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

A Amparan, sobre quien parecen girar la mayoría de los individuos señalados en esta acusación, se le vincula también con el “Conspirador 5” y el “Conspirador 6”. Estos, según se lee en el expediente son sus socios a través de la “Compañía Europea 1”, en España, que es un frente de lavado de dinero operando como una empresa de inversión inmobiliaria.

The Digger tuvo acceso a los registros mercantiles de España. El nombre de José Vicente Emparan aparece vinculado a un racimo de empresas, la mayoría con nombres similares, pero según sus razones sociales están dedicadas unas a las inversiones inmobiliarias y otras a diversos sectores que van desde la salud hasta el turismo.

Columbus One Properties Hotels S.L, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, Bonorva Investments S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L, Columbus One Properties Management S.L, Autumn Leaves S.L Y Columbus One Properties S.L., son empresas en las que Amparan tiene intereses, bien sea como director o apoderado. El holding contaba con una página web https://www.columbusone.es/esp/ que ha sido desmontada. Sin embargo en sus archivos puede leerse la biografía de José Vicente Amparan. “El Sr. Amparán es abogado por la Universidad Central de la ciudad de Caracas en Venezuela, con una amplia experiencia en mercados de capitales…”

Entre los socios y directivos, cuyas identidades podrían corresponder a dos de los conspiradores mencionados en la acusación (el 5 y el 6), figuran Ralph Stheinmann, de quien poco se sabe más allá de que este nombre es similar al del ganador del Premio Nobel en Medicina; Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, un abogado argentino cuya licencia, según registros públicos, fue suspendida en ese país; Rafael Duran Frías, del cual sólo aparece su referencia como socio de Amparan; Antonio Sánchez Montero, María Vanessa Rodríguez De Liebana Torres, Santiago Antonio Pérez y Francisco Gómez Fructuoso, todos vinculados a cientos de empresas por lo que podría tratarse de personas dedicadas a constituir empresas o prestadores de nombres.

En la lista también figura Luis Fernando Vuteff García. Es el único de los citados en los registros mercantiles con influencia en Estados Unidos. Allí constituyó al menos una empresa, Harper International Consulting, LLC, registrada en mayo de 2016. El dato que le vincula directamente con Amparan es que los agentes registradores (una empresa de nombre Juris Magister, LLC), son los mismos que constituyeron empresas para Amparan y sus socios. También figura como manager en Starck Consulting LLC, otra sociedad registrada en abril de 2014. Ambas empresas fueron creadas en la misma época en que se dieron los hechos contemplados en la acusación.

En Argentina, aparece registrado un ciudadano del mismo nombre e identificado con el documento de identidad N° 22318508 de ese país, en una lista de “entidades constituidas en la inspección general de justicia”. También figura como director suplente en una empresa de nombre Fresh Fruit, S. A. que recién el pasado 17 de julio cambió su denominación social a Lindero Agro, S.A.

Una lavadora “Porsche Design”

Finalmente, Urdaneta planeó con José Vicente Amparan la forma como este obtendría el dinero que le correspondía por su participación en la operación. Y allí es donde entra el citado condominio en la Torre Porsche, ubicado en la exclusiva zona de Sunny Isles en Miami, Florida.

El apartamento señalado con el número 2205 recibió el pasado 27 de julio un veto por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que participaron a la Corte de Miami Dade la congelación de esta propiedad por ser objeto de interés en una acusación criminal.

Explica el expediente que Urdaneta le habría enviado al delator una imagen de un correo electrónico del 10 de mayo de 2016 del desarrollador del inmueble Porsche Design Tower, en Miami, informándole del próximo cierre de la compra de la unidad. El correo incluía el cuestionario proporcionado por el constructor que advierte sobre la posibilidad de que la transacción quede sujeta a investigaciones por parte de la Unidad de Crímenes Financieros (FinCen). Es entonces cuando Amparan y Urdaneta idean una transferencia del inmueble por medio de sus “esposas”.

Urdaneta sugirió formar una nueva compañía con su esposa como el beneficiario final. Así, fue constituida una empresa de nombre Paladium Real Estate Group, LLC, el 26 de mayo de 2016. La propiedad en la que figura Zenaida C. Urbano-Taylor Moreno como representante se convirtió en la nueva propietaria del lujoso condominio, valorado en al menos 6 millones de dólares. Dice la acusación que la compañía se formó “con la esposa de Urdaneta como propietaria”.

Dice el expediente que el 26 de septiembre de 2016, “la esposa de Amparan” fue agregada como gerente de la empresa y el 15 de septiembre de 2017, después del cierre, la esposa de Urdaneta fue removida, dejando a Amparan en control de la empresa y por ende del condominio.

En el registro público del estado de Florida ciertamente aparece el cambio. Sin embargo, la persona que fue añadida no parece ser la esposa de Amparan. Su nombre es Carolina Cróquer de González, venezolana de 58 años, según los registros venezolanos.

The Digger visitó el condominio. El personal de seguridad informó que no había personas en la unidad y no podía ofrecer más detalles sobre los propietarios.

La red que camina por…el viejo continente

Amparan seguía ideando formas de lavar la millonaria suma de dinero. Esta vez sería por medio de la adquisición de bonos fraudulentos cuya compra se facilitaría a través de una Bolsa de Valores del Reino Unido. Para ello, y para que además el delator ganara confianza en la operación del contrato falso que tantas dudas le despertaba, se reunieron en Madrid, en la sede la “Empresa Europea 1” (que podría ser alguna de las mencionadas anteriormente). Allí coincidieron Urdaneta, Amparan, el “Conspirador 5” y Hugo Andre Ramalho Gois, el ciudadano portugués, socio en las operaciones de lavado de Amparan, también acusado por estos hechos.

En una reunión registrada del 11 de diciembre de 2017 con Gois en el Reino Unido, este le explicó al delator cómo la “Compañía Europea 1” es el frente que apoya la operación de lavado con el bono falso y que Amparan, el “Conspirador 5” y el “Conspirador 6” son los directores. Gois también lamentó su exposición criminal y aconsejó al delator en duros términos:

“… Cuanto más rápido salgas, mejor para ti. Porque si … ellos nos van a bloquear a todos nosotros. Eso … te estoy diciendo. ¿Qué quieres que te diga? El “Conspirador 6” es un blanqueador de dinero externo. Es la verdad, va a haber un día en que van a bloquear desde arriba todo lo de nosotros, nos van a encerrar. Esto se sabrá, no tengo dudas. Ya vi de dónde viene la mierda. Vi de dónde viene, cómo están haciendo cosas, entonces al final, quien tenga el dinero es el que va a tener problemas. El resto, bueno, tendrá que defenderse. Te defenderás a tu manera, me defenderé de la misma manera, pero eso sucederá”.

Las lapidarias palabras de Gois parecían ver a través del delator que ya antes se había percatado del peligro que corría y por ello se acercó a las autoridades federales estadounidenses.

El “Triángulo de las Bermudas”: Krull — Hernández — Gutiérrez

Mientras esto ocurría en el viejo continente, los operadores de la estafa continuaban sus esfuerzos por lavar el dinero a través de canales financieros en el continente americano. Gustavo Hernández Frieri, Matthías Krull, banquero personal del “Conspirador 7”, y Abraham Ortega llevaron a cabo reuniones para tal fin, guiados por las iniciativas propuestas por Hernández Frieri, que contaba con otros socios, vinculados a instituciones financieras con jurisdicción en Estados Unidos.

Es allí donde se introduce en la operación al uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, accionista en uno de los bancos estadounidenses que se mencionan y que operarían en Nueva Jersey y Puerto Rico. Durante estas operaciones, los agentes federales entregaron al delator dos cuentas bancarias que serían usadas por los presuntos criminales y rastreadas por las autoridades. Estas fueron usadas por los criminales para blanquear el dinero sucio.

Luego llegarían más datos sobre el contrato falso de préstamo con Pdvsa, esta vez de manos de Matthías Krull. En octubre de 2016, el delator se reunió con este en Panamá. Krull explicó que él estaba buscando un banco para depositar aproximadamente 600 millones de dólares en nombre de un cliente suyo, el “Conspirador 7”. Fue entonces cuando el delator supo que el dinero estaba ubicado en Gazprombank, la entidad financiera rusa que opera de forma masiva en la infraestructura petrolera venezolana. El delator le explicó a Krull que podía tener algunas opciones, pero necesitaba un contrato que demuestre la existencia de fondos.

Lo que recibió luego fue una enmienda al contrato original entre Pdvsa y Rantor Capital, C. A., en la cual se había duplicado la línea de crédito de 7.200 a 14.000 millones bolívares. La enmienda fue fechada el 25 de mayo de 2015 e incorporó específicamente el contrato de préstamo de Pdvsa.

Krull explicó que, además de la solución de 600 millones de dólares para su cliente, el “Conspirador 7” necesitaba una solución adicional para 200 millones de dólares a nombre del “Conspirador 8”, un testaferro que sería utilizado para ocultar dinero a los hijastros del “Oficial Venezolano 2”, a los cuales se les refiere como “los chamos” durante una reunión anterior entre el “Conspirador 8”, Convit y estos individuos.

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Este banquero llevó a cabo otras operaciones de blanqueo de capitales de origen distinto a los préstamos con Pdvsa. Explica el documento que este le presentó al delator otros esquemas de lavado. Uno de los esquemas involucra a un pariente del “Oficial Venezolano 3” (que es hermano del “Oficial Venezolano 1”). Necesitaba una vía para recibir sobornos de despachos extranjeros contratados por el gobierno de Venezuela.

En una llamada grabada el 29 de junio de 2017, Krull le especificó al delator que estos eran pagos de firmas legales que habían manejado arbitrajes internacionales en nombre del Gobierno venezolano con empresas internacionales y que habían cobrado al Gobierno una gran cantidad de dinero (5.000.000 de dólares).

En otra llamada grabada al día siguiente, el delator, Krull y el hermano del “Oficial Venezolano 3” discutieron formas blanquear el pago, descrito explícitamente como pagos derivados de bufetes de abogados que representaron al Gobierno venezolano en arbitrajes.

La participación de Krull en este esquema es sólo la punta de un iceberg en las investigaciones que desde Suiza se adelantan contra criminales profesionales en el blanqueo de capitales.

La detención de este banquero que hasta hace poco días era uno de los más importantes gerentes del gigante suizo Julius Baer Group Ltd. para Venezuela, forma parte del expediente que el regulador financiero suizo Finma adelanta como parte de una serie de procedimientos bajo investigación por posibles operaciones de blanqueo de capitales en Latinoamérica y que algunos de ellos involucran la estatal petrolera venezolana, Pdvsa.

Según informó Bloomberg, Julius Baer, en particular, tiene un proceso abierto desde abril pasado. La tercera empresa de administración de fondos más grande de Suiza se apuró en aclarar que Krull había sido separado de su cargo semanas atrás como resultado de una reestructuración que la compañía lleva a cabo. Afirma el portal especializado en materia financiera que el rival de Julius Baer, llamado Gonet & Cie, con sede en Ginebra, anunció desde entonces que contrató a Krull. Pascal Pupet, un portavoz del banco, dijo que Krull aún no se ha unido a Gonet y que debía hacerlo a fines de año.