Más de 360 millones de dólares fueron confiscados: EEUU acusa a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido de blanqueo de capitales robados a Venezuela

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Minutos después de conocerse las saciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 10 individuos – entre ellos tres hijastros de Nicolás Maduro – y 13 empresas ligadas a estos por corrupción con el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el Departamento de Justicia de este país hizo pública la acusación contra dos de los sancionados, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido por corrupción, blanqueo de capitales y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa)

Por: Fiorella Perfetto (Nota oficial)

Dos hombres de negocios colombianos y acusados ​​de lavado de dinero en relación con sobornos en Venezuela fueron acusados ​​hoy por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias, violando así la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) en relación con un plan para pagar sobornos y aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela.

Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo, Administración de Control de Drogas (DEA), División de Campo de Miami, hicieron el anuncio. Alex Nain Saab Moran, de 47 años y Alvaro Pulido Vargas de 55 años, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados por ocho cargos en la jurisdicción del Distrito Sur de Florida, con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero.

La acusación también alega la pérdida de más de 350 millones que representa el monto de los fondos involucrados en la violación. La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hasta las cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir unidades de vivienda de bajos ingresos. Los acusados ​​y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual los dólares estadounidenses podrían obtenerse a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornar funcionarios del gobierno venezolano aprobarán esos documentos. La acusación formal alega que la actividad ilegal era un plan de soborno que violaba la Fcpa e involucraba delitos de soborno contra Venezuela.

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refiere la acusación que las reuniones para adelantar los pagos de sobornos ocurrieron en Miami y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del esquema, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones fuera de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a las cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.

Por esta acusación quedan las siguientes propiedades confiscadas: (i) una suma de aproximadamente 350.041.500 en moneda estadounidense; (ii) aproximadamente 3.225.593,90 en moneda de los Estados Unidos incautados el 20 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha; (iii) aproximadamente 30.000,00 dólares incautados el 21 de agosto de 2018 o alrededor de esa fecha; (iv) aproximadamente 3.313.757,69 en moneda de los Estados Unidos incautados el 24 de septiembre de 2018 o alrededor de esa fecha; (v) aproximadamente 3.138.844,70 dólares incautados el 5 de noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha y (vi) aproximadamente 2.942.501,37 en moneda estadounidense incautada en o alrededor del 13 de febrero de 2019.

Una acusación es simplemente una acusación y los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable ante un tribunal de justicia. Este caso fue investigado por la DEA con la asistencia de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

 

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