Es el terrorismo, estúpido: el punto caliente de la transición en Venezuela

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La paráfrasis que recuerda la célebre frase de James Carville, asesor de Bill Clinton durante su campaña electoral, refiere a una de las principales preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, pero también de los países de la región. Se trata de la poderosa presencia de la organización terrorista Hezbolláh en Venezuela, y que desde allí ha expandido sus operaciones criminales e influencia hacia el resto continente y el mundo. La eliminación de esta y otras estructuras terroristas y de delincuencia organizada en el país es, quizá, uno de los puntos más calientes para resolver a la luz de una transición política en Venezuela.

Por: Fiorella Perfetto

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo habló: “Hezbolláh tiene células activas en Venezuela (…) La gente no reconoce que Hezbolláh tiene células activas, los iraníes están afectando a la gente de Venezuela y de toda América del Sur”.

Las tajantes afirmaciones del funcionario de la administración Trump, impactaron directo en la línea de flotación del régimen de Nicolás Maduro, quien al igual que el fallecido presidente Hugo Chávez, salió en defensa de lo que considera es sólo “un partido político”, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Maduro le responde al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo el 8 de febrero pasado. Cortesía

Sin embargo, decenas de denuncias han saltado a la opinión pública, con mayor énfasis en la última década y a partir de la acogida que el fallecido presidente Hugo Chávez dio al entonces mandatario iraní Mahmud   Ahmadineyad en el país. Desde que asumió el poder en 2005, el líder iraní, de la mano de Chávez, consolidó una red de relaciones – e influencias – en América Latina.

La relación entre la organización terrorista Hezbolláh e Irán es clara. Aun cuando este grupo hace presencia política en Líbano, cuenta con un brazo armado que ha crecido de forma alarmante en los últimos años y sus fundamentos religiosos residen en Irán. Por ejemplo, el Centro General Meir para la Inteligencia y Terrorismo recoge una cita emitida en 2012:

“el Jeque Naim Qassem, Sub – Secretario General de Hezbolláh, ya había expresado en el pasado que el líder Jamenei (líder supremo de Irán) es la fuente de autoridad religiosa de Hezbolláh, y que la organización está bajo la autoridad de la conducción iraní en cuestiones estratégicas incluida la guerra contra Israel”.

Entonces, con Venezuela y Cuba como soportes fundamentales, Teherán estrechó lazos con otros países de la región cuyos gobiernos fueron captados por el “socialismo del siglo XXI”, a través, por ejemplo, de organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) . Así, Bolivia y Nicaragua también inclinaron la balanza a favor de la política exterior iraní enfocada principalmente en el programa de enriquecimiento de uranio, elemento vital para el desarrollo de armas nucleares. Luego vendrían más encuentros y acuerdos para la reapertura de embajadas en Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay además del establecimiento de relaciones y de una nueva sede diplomática en Bolivia.

Todo ha sido ganar – ganar para la nación iraní en su incursión por las vecindades de la región latinoamericana. Además de contar con Venezuela como nuevo aliado en los escenarios mundiales, esta le sirve como proveedora de la materia prima para los desarrollos de armas nucleares, siendo este país rico en recursos minerales como el uranio. Pero además, ha permitido que grupos como Hezbolláh se establezcan en el territorio para llevar a cabo operaciones menos convencionales y claro, convenientemente cerca de su principal enemigo, Estados Unidos.

Desde Venezuela el Hezbolláh también estableció sólidas relaciones con las principales redes del narcotráfico en la región, desde la Oficina de Envigado en Colombia, hasta, según las investigaciones federales estadounidenses, altos funcionarios del régimen chavista.

Mientras que a Venezuela se le mueren sus ciudadanos producto de la mayor crisis humanitaria y económica de su historia y la atención de las naciones del mundo se enfoca en juntar esfuerzos para reflotar al país, estas células de diferentes estructuras criminales organizadas han crecido – y expandido – a lo largo y ancho del territorio nacional. Y como se ha dicho, no han sido pocos los casos documentados que demuestran su presencia en la Venezuela.

El peso del terror y el crimen en las espaldas de América Latina

Esta organización, que tuvo sus orígenes en los años ochenta durante la guerra civil en Líbano, está compuesta por grupos radicales cuya motivación primigenia fue eliminación de la presencia israelí de aquel territorio y establecer un estado islámico semejante a Irán. Sin embargo, se cuentan por decenas los ataques suicidas, algunos de ellos en India, Argentina, Bulgaria, Líbano y el Reino Unido, por lo que este grupo es considerado hoy como un red terrorista global que ha extendido sus alianzas hacia otros grupos irregulares y al narcotráfico internacional.

Una de las principales preocupaciones tanto de los vecinos de Irán como de las naciones del mundo, es que durante la última década este grupo se ha transformado en una “organización transnacional de la resistencia terrorista criminal alimentada por un gigantesco, global e ilícito aparato financiero y comercial”, por lo que ha pasado a constituirse en un ejército con capacidades de inteligencia y gran poder de fuego.

Según estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI por sus siglas en español), este grupo armado se compone de unas 30.000 personas y cerca de la mitad serían elementos activos dentro de la organización. Estiman además “un arsenal de más de 100.000 misiles de largo y corto alcance”. La pregunta de rigor es, cuánto de esta fuerza estará en Venezuela y cómo apartarlos del país.

Venezuela luce hoy atrapada en un conflicto cuyo desenlace es incierto. Lo que sí se conoce es que los supuestos proyectos de cooperación bilateral entre Irán y Venezuela, muchos de estos convenios contraídos en 2007 de forma masiva por el fallecido presidente Hugo Chávez, solo resultaron en nuevas tramas de sonados casos de corrupción, lavado de capitales y operaciones por medio de las cuales Venezuela ayudó a la nación árabe a evadir las sanciones impuestas desde Estados Unidos.

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Reportes de organizaciones internacionales documentan que el Hezbolláh es hoy uno de los mayores exportadores de narcóticos desde Suramérica hacia África (central y occidental) y Europa, siendo quizá la estructura de lavado de dinero más grande del mundo, según recoge un informe publicado en junio de 2017 por el Centro de Sanciones y Financiamiento Ilícito, perteneciente al Comité del Senado estadounidense para Relaciones Exteriores.

Esta estructura de delincuencia organizada, abarca desde el tráfico de cocaína, heroína, venta de moneda falsificada y cigarrillos, hasta el lavado masivo de dinero por medio del sistema bancario libanés, que se ha convertido en una fuente mucho mayor de financiamiento para este grupo que incluso el apoyo de Irán. Por si fuera poco, la conocida como “Organización de Seguridad Externa de Hezbolláh” (es decir, su ala terrorista) utiliza el crimen para exportar su influencia, aumentando seguidores alrededor del mundo y generando más ingresos. Y Venezuela se encuentra ahora inserta de manera importante en una estructura global financiera y militar de este grupo terrorista, cuyo alcance es hoy notablemente mayor que en la pasada década.

El Cartel de los Soles, así sin cortapisas, en la movida

El documento emitido desde la legislatura estadounidense que forma parte de la consejería de los asesores para abordar el tema, cita algunas líneas de acción para reducir a su mínima expresión las actividades del grupo terrorista que encontró en Venezuela no pocas ventajas estratégicas para expandir sus áreas de influencia, ganar adeptos y más recursos para operar. Una evidencia más de la presencia y cooperación del régimen chavista para con estos grupos irregulares.

Entre los aspectos más destacados de estas líneas de acción, la mayoría puestas en práctica desde 2008, se menciona el uso de evidencia criminal para levantar sanciones y establecer casos criminales, el congelamiento de recursos y bienes pertenecientes a los facilitadores de las operaciones financieras e ilícitas del Hezbolláh, el uso de los articulados de la Ley Patriota (ley promulgada un mes después de los ataques terroristas a las torres gemelas que otorga poderes especiales al Estado para combatir el terrorismo), y así actuar en contra de casas de cambio manejadas por capos narcotraficantes y por supuesto, perseguir a estos para reducir su radio de acción y así cortar esta importante fuente de financiamiento de los terroristas.

El texto no puede ser más claro: “Perseguir a los narcotraficantes: La operación Titán del Departamento Antidrogas estadounidenses (DEA)  (en la Oficina de Envigado, sociedad perteneciente al Hezbolláh), el proyecto Cassandra (la red global de tráfico de cocaína de Hezbolláh bajo la Jihad Islámica) y la operación Perseo, dirigida al Cartel de los Soles de Venezuela, “Los Turkos” y al régimen de Chávez asociado con Hezbolláh, Irán y los gobiernos sirios (vuelos de Conviasa desde Venezuela a Siria e Irán, y envíos de cargamentos a Europa).

El documento recoge además las críticas que desde la administración de Trump se erigieron en contra del gobierno de Barack Obama e insta a retomar acciones más enérgicas para lograr acabar con la influencia de esta organización criminal. “Francamente, fue (en referencia a las políticas anteriores), una mezcla de tragedia y parodia combinada con un giro de la política gravemente equivocado que resultó en ninguna ganancia estratégica real y en un serio aborto involuntario de la justicia”, por lo cual “el departamento de Justicia debe reconstruir, financiar adecuadamente y ampliar las capacidades e investigaciones contra la llamada Red de Acción de Irán, el ala terrorista y militar de Hezbolláh, sus amigos y socios en el liderazgo de los gobiernos criminales de Venezuela y Corea del Norte”.

Por si fuera poco, en enero del pasado año, el Comité Judicial del Senado estadounidense elevó una petición al entonces fiscal Jeff Sessions y al director de la oficina antinarcóticos (DEA), Richard Patterson, en la cual los congresistas mostraron su preocupación por la amenaza cierta a la seguridad nacional ante lo que calificaron como el abandono del tema Hezbolláh durante la administración Obama y solicitaron documentos e información relevante sobre la Operación Cassandra.

La primera de las peticiones dice: “Todos los documentos y comunicaciones, incluidos los informes de investigación, proyectos de acusaciones, órdenes de arresto y memorandos de enjuiciamiento, referidos o relacionados con el Proyecto Cassandra, la Iniciativa del Súper Facilitadores Irán-Hezbolláh, Abdallah Safieddine, Ayman Saied Joumaa, Walid Makled, Hugo Carvajal, Ali Fayad, grupo del crimen transnacional y del banco canadiense libanés”.

No es casual, y menos hechos aislados, la designación de sancionados por parte de la Ofac

Como se sabe, la oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense lleva los registros de todos aquellos individuos o figuras jurídicas sujetos a sanciones por presumirse su participación en actividades ilícitas que atentan contra la seguridad nacional de este país o su sistema financiero.

Una línea de tiempo que recoge las acciones ejecutadas en esta dirección que inicia en febrero de 2011 y que fue expuesta a los miembros del Senado en 2017, evidencia que algunas de las designaciones de venezolanos o empresas vinculadas a estos no son hechos aislados sino por el contrario, formarían parte de la políticas de Estados Unidos contra la red del Hezbolláh.

Resalta una operación que se lleva a cabo desde el primero de febrero de 2016. En ese entonces, la DEA y las autoridades europeas descubrieron una de las redes más grandes de distribución de narcóticos y lavado de dinero controlada por el Hezbolláh cuya estructura toca al menos siete países. En consecuencia, se han registrado decenas de arrestos de libaneses pertenecientes al llamado Componente de Asuntos de Negocios de la Organización de Seguridad Externa (BAC) de Hezbolláh, célula encargada de recibir dichos recursos y adquirir armas para sus operaciones en Siria.

Esta investigación en curso es global e involucra a numerosos organismos internacionales que han hecho nuevos descubrimientos de nexos entre el narcotráfico y el terrorismo. Este esfuerzo apunta directamente a los miembros del Hezbolláh que han establecido relaciones comerciales con los carteles de drogas de Suramérica, como “La Oficina de Envigado”, responsable de suministrar grandes cantidades de cocaína a los mercados de drogas de Europa y Estados Unidos.

Como parte de esta operación, el 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la entrada a la lista de sancionados del entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y su “frontman” o principal operador financiero Samark López Bello, a quienes se les congelaron cuentas bancarias y al menos 13 compañías fachada con operaciones en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Venezuela.

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El Hezbolláh está aquí: algunos hechos documentados

Quizá alguno podría pensar que tanto las declaraciones de Pompeo y las acciones que desde Estados Unidos se han tomado para castigar a los presuntos colaboradores de la organización terrorista es tan sólo la abyecta versión del enemigo número uno de Irán. Sin embargo, hechos, que no opiniones han sido documentadas.

Desde que la Unión Europea (UE) y el resto de las organizaciones que agrupan las naciones del mundo incluyeron al brazo armado de Hezbolláh en su lista negra de organizaciones terroristas en julio de 2013 (distinto al brazo político del movimiento islamista shiíta que hace vida política en Líbano), las evidencias sobre sus operaciones criminales no son pocas.

Este grupo opera con relativa facilidad en la llamada triple frontera suramericana, esa formada entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde reside una de las más grandes colonias árabes del continente.

La presencia del Hezbolláh en la región no es novedad, como sí su crecimiento y lazos con carteles de la droga y organizaciones criminales. Basta recordar el ataque perpetrado en 1994 por la organización terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en Argentina, en la cual 85 personas fueron asesinadas y más de 300 sufrieron heridas. Teherán nunca colaboró con las investigaciones a pesar de que en 2006, fiscales argentinos solicitaron la captura de una decena de ex funcionarios iraníes que estarían involucrados en la conspiración.

Fue el caso que por más de una década investigó el fiscal argentino Alberto Nisman. También sería el caso por el cual, sería asesinado en enero de 2015. Cuatro días antes de que Nisman fuese encontrado muerto en su apartamento en Puerto Madero, había acusado directamente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner – socia y amiga personal del fallecido presidente Hugo Chávez – por supuesto encubrimiento agravado. Antes, la mandataria incursa en no pocas investigaciones por corrupción y lavado de capitales ocurridos durante su gestión y la de su marido, el también fallecido presidente Néstor Kirchner, había firmado antes un Memorándum de Entendimiento con Irán, al que Nisman consideró se convertiría en un velo para la impunidad.

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Todo apunta a Puerto Iguazú, allí en la triple frontera. Según lo investigado por Nisman, el arma que detonó en Amia provino de Ciudad del Este donde opera Assad Ahmad Barakat capo del Hezbolláh desde su brazo militar y financiero. Y Nisman lo dijo, a cambio de un alto precio: “en la zona fronteriza tripartita se ha verificado la instalación de diversas instituciones culturales y religiosas islámicas estrechamente vinculadas a dependencias del Estado iraní en el extranjero y que, además, llamativamente, han sido lideradas por reconocidos miembros de la organización terrorista Hezbolláh en la región”.

Pero en Venezuela no existen ese tipo de funcionarios incómodos, al contrario. Una investigación publicada por la cadena estadounidense CNN en febrero de 2017 expuso cómo desde el alto gobierno chavista se puso a disposición de este grupo terrorista y otros tantos, la posibilidad de hacerse con un documento de identificación venezolano que permitiera a los elementos activos de estas células penetrar legalmente las fronteras de las naciones del mundo.

“Un reporte confidencial de inteligencia regional de 2013 obtenido por CNN, dice que 173 individuos del Medio Oriente obtuvieron pasaportes y documentos venezolanos de 2008 a 2012. Entre ellos, personas vinculadas al grupo terrorista Hezbolláh. Según el informe, el hombre que ordenó la emisión de los pasaportes es Tareck El Aissami, un político venezolano que fue nombrado vicepresidente de la república en enero de este año. El Aissami también fungió como ministro de Interior y Justicia a cargo del sistema de inmigración del país, además de como gobernador”, reseña el trabajo.

Y aporta más: “Otra figura de alto perfil vinculada al terrorismo es Ghazi Nasr Al-Din, un ex diplomático venezolano que trabajó en la embajada venezolana en Siria. El FBI lo busca desde enero de 2015 para interrogarlo sobre sus esfuerzos de recaudación de fondos con colaboradores de Hezbolláh. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado de 2008 que Nasr Al-Din utilizó su cargo como diplomático para facilitar viajes a miembros de Hezbolláh desde y hacia Venezuela”.

Otros testimonios de ex funcionarios chavistas vendrían empaquetados en libros que recogen reveladores datos sobre acuerdos secretos que tocan también a Nicolás Maduro. Rafael Isea, ex ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, confirmó en su libro “Bumerán Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela” publicado en 2015, que el máximo cabecilla del grupo terrorista, Hassan Nasrallah y Nicolás Maduro, entonces ministro de Relaciones Exteriores, se reunieron en Damasco para acordar la entrega de pasaportes venezolanos a miembros del Hezbolláh, así como actividades relacionadas al suministro de armas y narcotráfico.

Un año antes, en 2014, el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por sus siglas en inglés), publicó un estudio que recoge los hallazgos que los órganos de inteligencia de Canadá y Estados Unidos hicieron con relación al uso de documentos de identificación venezolanos por parte de estos grupos terroristas para entrar legalmente a estos países.

Al menos 173 ciudadanos de Medio Oriente fueron detectados portando documentos de identidad venezolana entre abril de 2008 y noviembre de 2012. Estas personas – vinculados con el grupo terrorista Hezbolláh- buscaban ingresar a Estados Unidos. “Fue durante esta ola que Suleiman Ghani Abdul Waked, conocido como mano derecha de Hassan. Nasrallah, jefe de Hezbolláh, recibió sus papeles venezolanos”, dice el reporte.

“Más del 70% de estos individuos tienen conexión con el grupo terrorista”, precisó Joseph Humire, director del SFS. Nuevamente, el ex vicepresidente Tareck El Aissami y el ex diplomático venezolano Ghazi Nasr Al-Din son señalados en el informe, este último, como uno de los principales representantes del Hezbolláh en Venezuela.

Y el petróleo no podía quedar fuera de la discusión. Por medio de la estatal venezolana Pdvsa, se han triangulado fondos y operaciones para ayudar a Irán a exportar su petróleo, pero también el régimen chavista ha prestado los mismos servicios a Siria, gobierno aliado de Irán y en el cual el Hezbolláh combate en alianza para enfrentar a las tropas rebeldes, incluso atacando a la población civil de este país.

“Ghazi Atef Nassereddine, un agente de Hezbolláh sancionado por los Estados Unidos, supuestamente ha estado trabajando para consolidar los lazos de Venezuela con Siria, incluso ayudando a crear planes para transferir el petróleo sirio a las refinerías venezolanas para evitar las sanciones impuestas al presidente Bashar al-Assad”, revela el informe.

La figura de Tareck El Aissami es relevante en el expediente. “Además de haber levantado una inmensa red de lavado de dinero y vigilar el sistema de identificación venezolano, ha facilitado documentos a la Guardia Revolucionaria de Irán y otros militantes islamistas del Medio Este. Además, El Aissami estableció una red de envíos manejado desde el consulado de Venezuela en Jordania, a través de Husam Al Aissami, un amigo cercano”.

Por si fuera poco, el narcotráfico. En 2011, autoridades estadounidenses explicaron con detalle cómo este grupo terrorista libanés levantó una compleja red financiera en torno al narcotráfico. La red vinculó a un banco de esa nación y al cartel de los Zetas de México. En ese entonces los fiscales acusaron a Aymann Joumaa, quien habría residido en Colombia, por contrabandear toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y lavar millonarias sumas de dinero obtenidas de la venta de la droga en este país.

El Banco Nacional Canadiense Libanés de Beirut, el octavo banco más grande del Líbano, fue señalado entonces como “institución financiera de interés primario en el lavado de dinero” vinculado a Hezbolláh.

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El riesgo de perder el país, el gran legado del chavismo

Uno de los más peligrosos legados del chavismo en Venezuela ha sido su alianza con estos grupos terroristas que han invadido el país y bajo su control está, nada más y nada menos que los bancos de datos de identificación de todos los venezolanos y el poder sobre los mismos. Pero además, son grupos con poder fuego e inteligencia sobre los que nadie tiene control, mucho menos las Fuerzas Armadas venezolanas.

The Digger consultó a un experto en el ámbito de seguridad nacional y terrorismo sobre la situación de Venezuela y la presencia de este grupo terrorista en su territorio. “El grave riesgo que se corre aquí es que Venezuela está sentada sobre una bomba de tiempo. Hay una mezcla de elementos que hace muy difícil definir una solución. En Venezuela se unieron las células de estos terroristas, la guerrilla colombiana, militares corruptos y todos operando financieramente a través del narcotráfico”, dijo. “Es un tema que trasciende de esas fronteras, es un problema que debe ser abordado por todos los países de la región”, completó.

La revista Foreign Policy va más allá. En una nota publicada el pasado 9 de febrero se hace este planteamiento.

Dada la inestabilidad actual en Venezuela, es justo preguntarse qué pasaría con Hezbolláh bajo un gobierno liderado por el líder de la oposición Juan Guaidó, quien recientemente fue reconocido como el gobernante legítimo del país por parte de Estados Unidos y docenas de otras naciones, incluidos los pesos pesados ​​europeos. Francia, el Reino Unido, Alemania y España.

Un gobierno liderado por Guaidó seguramente sería más activo en oponerse a la presencia de Hezbolláh en territorio venezolano, no solo nominalmente sino también en una búsqueda más agresiva de reducir la red criminal del grupo y, por extensión, la influencia de Irán. Como parte de un quid pro quo por su apoyo, es probable que Washington busque apoyarse en Guaidó para tomar medidas enérgicas contra cualquier actividad vinculada a Irán en toda la región.

Pero hay una gran diferencia entre la voluntad y la capacidad. Y mientras que un gobierno liderado por Guaidó podría demostrar inicialmente una fuerte voluntad política para contrarrestar a Hezbolláh e Irán, al menos para apaciguar a la administración Trump, Venezuela como país enfrenta un inmenso desafío al tratar de reconstruir su sociedad destrozada. Rechazar a Hezbolláh puede simplemente caer mucho más bajo en la lista de prioridades para Guaidó y su administración de lo que a Estados Unidos le gustaría.

A finales de enero, el grupo terrorista emitió un comunicado en el que expresa su apoyo a Nicolás Maduro y condenó “la intervención descarada de Estados Unidos [en un intento] por desestabilizar a Venezuela, y condena enérgicamente el intento de golpe de Estado contra la autoridad legítima del país”.