#TBT (A siete años de Amuay): Diego Salazar, el “primo” que quería ser italiano, Rafael Ramírez y una tragedia

Por Fiorella Perfetto, Carla Betancourt y César Bátiz

(Publicado en El Pitazo, febrero de 2016)

El escándalo salta a la palestra pública a inicios de 2015. En una investigación que tenía como principal objetivo hacerle seguimiento a las fortunas mal habidas de las mafias rusas y chinas, autoridades españolas, trabajando conjuntamente con el FBI, investigadores del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Guardia Civil española, se encontraron cara a cara con miles de documentos que involucraban a altos funcionarios chavistas con presuntas comisiones de blanqueo de capitales a través de la entidad financiera Banca Privada de Andorra (BPA), cuya filial, el Banco Madrid, se encuentra en territorio español.

El periódico español El Mundo narra lo que habría sido parte de las conversaciones que evidencian la conexión entre Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez y el caso. En 2012, Andorra le congeló cuentas con saldos de más de 200 millones de dólares pero por donde habrían pasado miles de millones, esto como parte de la «operación Clotilde».

La plataforma digital Runrunes.es, narró en su momento parte de estos hallazgos. “¿Qué hizo Diego?, esto te lo digo aquí en privado, llamó a unos amigos policías y les dio como 80.000 dólares y vino la policía y cerró el caso”. Es parte de la conversación del gestor de Salazar, Luis Mariano (que se sospecha sería Luis Mariano Rodríguez Cabello, socio de Diego Salazar en la empresa Inverdt Asesores de negocios, S.A en Venezuela) y Pablo Laplana, gestor de la BPA, a quien la Guardia Civil Española había intervenido los teléfonos.

La preocupación de Salazar para tratar de lograr el desbloqueo de sus cuentas milmillonarias asoman una y otra vez en las conversaciones a las que la Guardia Civil, con la previa autorización de los juzgados españoles, tuvieron acceso y fueron facilitadas también a las autoridades estadounidenses, de quienes se esperan más acusaciones en próximas fechas con relación a este caso. El hecho de que las empresas chinas estuvieran abonando los montos negociados presuntamente por Salazar por concepto de comisiones mientras su primo estuvo al mando del Fondo Chino le traía de cabeza. “Los chinos le están pagando y no puede ingresar en las cuentas bloqueadas”, se escucha en una de las conversaciones intervenidas.

Cita el mencionado portal que el bloqueo de fondos fue motivado al “parentesco de Diego con su primo”, en referencia al embajador Rafael Ramírez Carreño. Las conversaciones, entre risas de sus interlocutores justifican tal acción financiera luego que se registrara una transferencia por 99.000 dólares a favor de Diego Salazar, para que este “mantuviera en París sus gastos en hoteles, cenas de lujo, relojes y propiedades; aquí lo único que hace es disfrutar de la vida y lo hermoso que es París”.

Italia en la mira de Diego

Lo cierto es que para 2016, nadie conocía a ciencia cierta dónde se encontraba Diego Salazar. Su primo poca o nada importancia le dio al caso y negó cualquier posibilidad de que las autoridades le tengan en la mira de alguna investigación que le vincule con los sonados casos de corrupción y el uso de Pdvsa para tales fines. “No me preocupa ninguna investigación que adelante Estados Unidos por corrupción”, al tiempo que negó cualquier posibilidad de colaborar con las autoridades para tal fin, comentó en una entrevista concedida a la agencia The Associated Press en febrero de 2016.

Lo que sí conoció El Pitazo es que Diego Salazar realizó en 2014 un petitorio en los tribunales del estado Monagas, con el propósito de darle forma legal a su vinculación con Herminia Luongo Font, su abuela de descendencia italiana y de quien no constaba su partida de nacimiento en los registros civiles de la entidad oriental, por lo que Salazar introdujo testimonios de dos ancianas que dan fe de la existencia de Herminia Luongo, para así formalizar su vínculo con la mencionada ciudadana.

«La inserción de la correspondiente partida de nacimiento en los Libros de Nacimientos llevados por el Registrador Civil del Estado Monagas, solicitud que está motivada en base a dos razones, las cuales son: la obtención de la ciudadanía Italiana por parte de mi representado ciudadano Diego José Salazar Carreño, así como también para sustentar los trabajos biográficos de la fundación Diego Salazar Luongo”, se lee en el documento que fue declarado con lugar el 12 de enero de 2015.

Francisco Luongo Cabello y María Magdalena Font son los bisabuelos de Diego Salazar. Estos tuvieron otro hijo además de Herminia, Jesús Enrique Luongo Font, quien sería abuelo de otro alto funcionario de Pdvsa, Jesús Enrique Luongo, quien asumió en 2015 la vicepresidencia de Refinación de la estatal venezolana. Fue el mismo decreto, ordenado por el presidente Maduro que puso a Carlos Erik Malpica Flores, el sobrino predilecto de la primera dama Cilia Flores en la vicepresidencia de Finanzas. Antes dirigió el Complejo Refinador Paraguaná, incluso estaba en ese cargo cuando ocurrió la explosión en Amuay en agosto de 2012, que causó al menos 45 muertes entre trabajadores y vecinos.

Desde diciembre de 2017, Salazar vive en las celdas del Servicio de Inteligencia del régimen chavista. Según el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Sebin, “el primo” comparte la prisión con el general Raúl Isaías Baduel y el capitán Juan Carlos Caguaripano.

Pero, recordemos…Amuay en llamas

Y para recordar, hay que detenerse en aquel fatídico 25 de agosto de 2012, en el que el cielo de Falcón se cubrió de llamas. Unos 1.200 millones de dólares en pérdidas y más de 40 muertos causó el peor accidente de la industria petrolera venezolana. La tragedia certificó el misterio que existe en la relación de la estatal petrolera con al menos 10 aseguradoras, reaseguradoras y corretajes de diferentes partes del mundo. Al menos hasta 2016, la compañía venezolana no cobró la póliza por el siniestro.

El 8 de septiembre de 2013, el entonces presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dio a conocer el dictamen de la comisión nacional que investigó la explosión en Amuay, parte del Complejo Refinador Paraguaná.

“Fue un sabotaje deliberado”, sentenció, quien en ese momento era el “zar” petrolero del país. Detalló que una persona que conocía lo que hacía aflojó los pernos de la bomba 2061, lo que causó una fuga de olefina que provocó el accidente más grave de la industria petrolera nacional. Al día siguiente, el 9 de septiembre de 2013, en rueda de prensa, mostraría videos y fotografías que sepultarían para siempre la oportunidad de cobrar 320 millones de dólares de la póliza de seguro de la instalación petrolera, pues al ser un hecho generado por un individuo con el propósito de hacer daño al patrimonio del Estado, ninguna empresa aseguradora o reaseguradora asumiría la responsabilidad de cancelarla.

La tesis del expresidente de la estatal petrolera venezolana nadó a contracorriente del informe que cinco meses antes de la tragedia realizó la firma RJG Risk Engineering para una de las mejores compañías del mundo, la aseguradora y reaseguradora australiana QBE que audita a Pdvsa desde hace más de dos décadas.

El informe de la auditoría a Pdvsa realizado en marzo de 2012 develó el dramático cuadro de la principal industria nacional. Afirmaba que solo en 2011 se reportaron 222 incidentes, incluyendo un centenar de incendios y solo nueve de ellos fueron investigados.

Cuatro años después, una sombra espesa, tan poco transparente como la que cubrió a Amuay durante al menos tres días, cubre la relación de Pdvsa con las empresas aseguradoras, reaseguradoras y corredoras de seguro y reaseguro. Al menos 10 compañías de este tipo, entre venezolanas, inglesas, panameñas, libanesas, francesas, rusas, indias y chinas, han negociado con la estatal petrolera sin llegar a establecer acuerdos duraderos.

Las empresas con contratos

Para el momento del accidente, la empresa aseguradora era La Occidental de Seguros, perteneciente al Grupo BOD, presidido por el banquero Víctor Vargas Irausquín, quien año y medio después de ese evento que dejó más de 40 muertos, habría realizado la gestión de compra del Grupo Últimas Noticias. La aseguradora de Vargas tenía contratos con vigencia de 2011 a 2012 con Pdvsa y PDV Insurance Company LTD, una reaseguradora de la misma petrolera venezolana, registrada en Bermudas, de acuerdo con lo que se lee en la solicitud de información realizada por la firma asesora de Pdvsa, Hogan Lovells.

El Pitazo solicitó una entrevista para conocer la versión del Grupo BOD sobre estos contratos. Al cierre de esta edición un alto gerente de Seguros La Occidental, informó que esta empresa aseguradora nunca recibió ni manejó la prima de los riesgos de la industria petrolera e indicó que la gerencia de Riesgos y Seguros de Pdvsa enviaba el borrador de pólizas para ser emitidas en la papelería de Seguros La Occidental, por lo tanto solo cobraban un “fee” o monto por uso,  que fija Pdvsa por esto. Además señaló que el plazo de las pólizas eran de vigencia anual pero que al pactar con los reaseguradores en Londres por 3 años, La Occidental renovó por el mismo período. La administración del seguro estaba a cargo de PDV Insurance Company LTD, detalló.

Seguros La Occidental nunca manejó dinero por prima, estas son pólizas simbólicas en bolívares, para que Pdvsa cumpla con la ley local, pero la aseguradora no recibe prima ni riesgos, comunicó el alto gerente. El mecanismo de pago se realizaba desde la Vicepresidencia de Finanzas a PDV Insurance Company LTD y de allí al broker. Eran más de 400 pólizas, era la tercera cuenta más grande del mundo, dijo la fuente quien también manifestó que ninguno de los integrantes de la compañía fue citado a declarar por los daños ocurridos luego del accidente de Amuay en agosto de 2012.

Antes de La Occidental, el negocio lo tuvo Seguros Constitución, empresa de Omar Farías, quien de acuerdo con fuentes consultadas por El Pitazo, perdió el contrato tras un desacuerdo con el corredor de seguros de Pdvsa, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, involucrado comos e dijo, en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Para 2016, fecha de publicación de este reporte, Farías se encontraba en un proceso judicial en República Dominicana.

El reaseguro, es decir, el respaldo financiero a la aseguradora venezolana en caso de una pérdida mayor, se encontraba en manos de la empresa inglesa Lloyds, afirma una fuente cercana a la operación. Sin embargo, documentos revisados por El Pitazo señalan que era la también inglesa Cooper Gay.

Una fuente consultada para este trabajo, que conoció de cerca el entorno de La Occidental de Seguros, indica que Pdvsa nunca solicitó el pago de la póliza y Ramírez anunció el sabotaje, porque “no se habían cancelado las dos últimas cuotas del reaseguro a la compañía inglesa”. El responsable de pagar ese dinero con fondos públicos sería el corredor de seguros, Diego Salazar.

El 6 de agosto de 2013, la prestigiosa publicación británica Insurance Insider –  casi un mes antes de la declaración de Ramírez que sentenció el sabotaje –  afirmó que “Pdvsa aún no ha introducido la solicitud de compensación ante sus aseguradoras por los daños ocasionados por ese incendio. En la industria, se estima que estos representan unos 320 millones de dólares, el triple de la prima anual de seguro que eroga la estatal”. Los expertos consideraron que la estatal petrolera reconocía así su responsabilidad en los hechos ocurridos ese 25 de agosto de 2012.

Los fichajes de las empresas aseguradoras

Tras la explosión de Amuay, la estatal petrolera trató de tranzar una negociación sin licitación con tres firmas sin renombre. Sin embargo, la operación no se concretó. “Estarían negociando con una empresa rusa llamada Swiss Brokers, la libanesa Etoile Properties Assurance y una firma francesa de nombre France Assurance Consultants, desconocidas en el medio y sin trayectoria o experiencia en el área”, según una fuente interna de Pdvsa consultada por el equipo de la revista The Insurance Insider.

En noviembre de 2013, medios especializados en el área de seguros del sector energético destacaron que Pdvsa estaba en negociaciones con la firma Barents Re, con jurisdicción en Panamá. “Pdvsa no pudo conseguir suficiente apoyo por parte de las compañías con calificación reconocida AAA en Londres y las Bermudas, debido a la alta siniestralidad, por lo que abordó mercados no tradicionales como India y China”, se lee en la plataforma digital Intelligence Insider.

A principios de 2014 la estatal petrolera termina sus relaciones con estas empresas reaseguradoras de opaca trayectoria. Seis meses después la misma revista publicó que “Pdvsa nombró como corredores de seguros a las empresas Cooper Gay y Alesco”.

En junio de 2015, se conoce que Pdvsa ha cambiado nuevamente su panel de corredores. “Fuentes vinculadas a la industria afirman que el intermediario Summa de México fue sustituido por una firma venezolana llamada Property Re, mientras Alesco continúa como el principal agente internacional conjuntamente con Cooper Gay”, cita la publicación que por más de una década ha hecho seguimiento a las relaciones entre Pdvsa y las compañías aseguradoras.

Property Re es un corretaje de reaseguro cuya sede funciona en Caracas. Esta empresa fue creada en 1998. Pese a prestar servicio a Pdvsa, no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas. El Pitazo envió correos a la firma pero no recibió respuesta.

En mayo de 2016 otra variante se inserta en la cartera de empresas supuestamente vinculadas a los servicios de cobertura patrimonial de Pdvsa. “Venezuela continúa su enfoque idiosincrásico para la selección de sus agentes de seguros, esta vez mediante la retención de intermediario chino Jiang Tai Insurance Brokers. Fuentes consultadas dijeron que la estatal eligió al corredor chino que no tiene antecedentes en la colocación de coberturas de la industria petrolera en los mercados internacionales”.

La opacidad que rodea al tema de las empresas aseguradoras del gigante petrolero venezolano encendió las alarmas en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en aquel 2016. El diputado Freddy Guevara anunció en febrero de ese año, la apertura de una investigación por el presunto desfalco de más de 11.000 millones de dólares cometido por altos funcionarios de Pdvsa entre 2004 y 2014, por medio de una serie de actos de corrupción entre los cuales destaca el desvío de recursos en operaciones con aseguradoras de la petrolera nacional.

Mientras la función continúa, como diría el entonces presidente y candidato a la reelección Hugo Chávez, un día después de la tragedia y siete meses antes de su muerte producto de un cáncer, alguno de los familiares de los fallecidos y sobrevivientes, exigían a Pdvsa la indemnización, dinero que pudo salir de los 320 millones de dólares que nunca se reclamaron debido a la imposición de la hipótesis del sabotaje.